Opinion | 10 Feb El juez español Baltasar Garzón fue condenado a once años de inhabilitación al ser encontrado culpable de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) al decidir escuchas entre un imputado preso y su abogado defensor, en la trama Gürtel, destapado por el diario español El País, a cuyos investigadores les fue concedido el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, en 2010.
El letrado ganó fama internacional por causas contra Augusto Pinochet y las dictaduras chilena y argentina. También pidió el desafuero del primer ministro italiano Silvio Berlusconi y denunció por lavado de dinero al banco BBVA. Persiguió a la ETA, abrió causas contra el Franquismo.
Cuando explotó el caso Gürtel, que involucraba a empresarios vinculados al PP, Garzón fue a por él, pero fue denunciado meses después por prevaricación y suspendido en mayo de 2011 como juez, al decidirse un juicio oral en su contra. Ese juicio ahora ha terminado en una resolución, que lo condena. La defensa se ha mostrado muy cauta y no ha confirmado una apelación, aunque ha mantenido la puerta abierta.
En España hay una ley que habilita las escuchas pero solamente para causas de terrorismo, y ésta no lo es. Por encima de eso, Garzón igualmente determinó que se hicieran escuchas, las que entonces se tornaron ilegales, de acuerdo al tribunal español.
La noticia ha dado ya la vuelta al mundo, en la medida que el juez Garzón es respetado, temido, querido u odiado a nivel mundial. Y la cuestión se ha centrado en si se trata de un caso de prevaricación “a medida”, solamente para destronar a Garzón, quien obviamente no puede ser juez en otro país que no sea el suyo, excepto en tribunales internacionales, pero para los que también pesará la sentencia; o en realidad Garzón, en procura de encontrar la verdad, no tuvo escrúpulos en saltarse la ley para aplicar justicia.
Una cosa queda clara: por imperfecta que sea, todos estamos sujetos a ley. Y un fin, por muy loable que sea, no justifica todos los medios. Si Garzón se saltó la ley, lo que hizo fue invocar la razón de Estado y no el Estado de derecho, que es lo que debió mantener en defensa. Y, aunque ya quienes lo defienden a ultranza hablan de traición de la justicia, lo que debe quedar claro, para seguir defendiendo el Estado de derecho, es que de la misma manera que se le dio la derecha a Garzón en sus fallos a veces polémicos, se debe respetar esta decisión del tribunal español.