Opinion | 11 Feb Los sanduceros nuevamente estamos asistiendo a un “pase de facturas” por diferencias políticas e intereses partidarios respecto a problemáticas que se dan en nuestro ámbito departamental, en este caso entre representantes de las dos últimas administraciones municipales: la anterior del Frente Amplio y la actual del Partido Nacional, a propósito de determinar responsabilidades sobre episodios puntuales, en las que cada operador político minimiza sus propios errores y trata de maximizar los del adversario político, como suele acontecer además en todos los ámbitos de la política nacional.
En esta oportunidad se ha generado una polémica sobre quién es el principal responsable por la inundación que sufriera el barrio Los Álamos y sobre todo por qué no se han encarado proyectos de realojo para esta gente, cuyas viviendas se ven anegadas en cada lluvia torrencial por el desborde del arroyo La Curtiembre.
Por lo pronto, para ir al principio de las cosas, debemos decir que la problemática de la vivienda es competencia del gobierno nacional, cuyo ejecutor es precisamente el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el que tiene la infraestructura técnica y al que se le destinan o deberían destinar fondos suficientes para abordar con eficiencia los respectivos programas, con recursos que provienen de los impuestos que pagamos los uruguayos para este destino específico.
En el caso de las intendencias, éstas tienen facultades y competencias que les son endosadas por la Ley de Ordenamiento Territorial, de relativa reciente aprobación, y que por lo tanto tienen entre sus cometidos llevar adelante proyectos en coordinación con el ministerio, fundamentalmente a través de contrapartidas municipales con apoyo de maquinaria, dirección técnica y servicios en conjunción con organismos nacionales como OSE y UTE.
En lo que refiere al barrio Los Álamos, para que se generara esta inundación –se han registrado otras de menor entidad en otras oportunidades, pero en este caso llovieron más de ciento cincuenta milímetros en poco más de dos horas— se han conjugado factores como la ubicación de las construcciones en un área de poco drenaje, y problemas de canalización que fueron agravados por obras de saneamiento realizados en los últimos años, que por algún motivo multiplicaron los problemas. Está claro que esto es así puesto que los propios vecinos lo vienen denunciando desde que se realizara esta obra, durante la administración anterior, aunque este reclamo siempre fue relativizado tanto por los jerarcas municipales del momento como por los ingenieros de la empresa constructora.
Ciertamente a ello se agrega la actitud irresponsable de algunos, que arrojan basura y todo tipo de desperdicios en el cause del arroyo y en las alcantarillas, lo que interrumpe la evacuación de los flujos de agua y magnifica el problema.
Al respecto en Paysandú, durante la presente administración se está llevando adelante una tarea encomiable a través de la Unidad de Vivienda, con fondos del Mvotma y contrapartida municipal, para actuar en el área de la vivienda de interés social, en mayor medida mediante los programas de rehabilitación urbana.
En lo que tiene que ver con los asentamientos marginales, se requieren por cierto acciones más radicales y costosas, porque no se trata solo de reubicar a quienes se encuentran en esta situación, porque actuaría “promoción” de los asentamientos. Tampoco descansarse en que todo tiene que venir regalado desde el Estado, es decir por los aportes de todos los demás ciudadanos.
Ello indica que debe incorporarse la cuota parte de esfuerzo de los propios beneficiarios y a la vez adoptar medidas para impedir que otros vayan a ocupar los lugares que éstos dejan, como ha sucedido infinidad de veces en Paysandú.
Estamos por lo tanto ante una problemática vasta que debe atacarse desde varios ángulos. Pero en principio es imprescindible contar con cartera de tierras departamental.
En este aspecto, poco –o nada— se avanzó durante la Administración Pintos, pero también es cierto que la actual de Bertil Bentos se ha demorado bastante en darle buen destino a esos 8 millones de pesos del Mvotma (400 mil dólares a la cotización actual) que dejó el gobierno anterior para solucionar los problemas de vivienda de los perjudicados por las inundaciones de 2009. También –y más importante-- se necesita una acción sistemática del ministerio en provisión de programas y recursos, además de la Intendencia, que complementa acciones de apoyo para el mejor desarrollo de estas políticas sociales.
Cada uno en lo suyo, pero dando lo mejor de sí, asumiendo responsabilidades y haciendo lo que se debe hacer sin pensar en costos políticos, es la mejor forma de actuar para que estas acciones den el resultado que todos esperamos.
Asimismo deben dejarse de lado los “circos” y la tentación de la oposición de desgarrarse las vestiduras en cuanta circunstancia se cruce, para pasar facturas en procura de obtener réditos políticos en un ping pong interminable de acusaciones y contraacusaciones que solo contribuyen al descrédito del sistema político, empezando por quienes lo promueven.