Criticó hechos registrados
en Venezuela, Argentina y Chile

Locales | 11 Feb MONTEVIDEO (Por Ted- dy Alvarez). El Representante Regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, expresó la  preocupación de la Oficina por la reciente ola de violencia en las cárceles de América del Sur, que en los últimos días ha cobrado la vida de al menos tres prisioneros en Uruguay. También incluyó en su comentario episodios que tuvieron como desenlace el fallecimiento de dos presos en Argentina, dos en Venezuela y uno en Chile. Dicha oficina ha cuestionado anteriormente, las condiciones de hacinamiento que viven los reclusos en nuestro país y aboga por un tratamiento digno de los reclusos.
Incalcaterra explicó que “estos hechos reflejan un patrón alarmante de violencia carcelaria en la región”, que es una consecuencia directa de -o se ve agravada por- entre otras cosas, las condiciones precarias de detención, incluyendo el hacinamiento crónico, la falta de acceso a los servicios básicos tales como espacio suficiente, agua potable, alimentos, atención médica, y la falta de estándares básicos de saneamiento e higiene”. Añadió que estas condiciones “se ven agravadas por las demoras judiciales y el recurso excesivo a la prisión preventiva”.
REITERADAS CRÍTICAS
El Representante Regional destacó que las condiciones carcelarias en América del Sur han sido criticadas en repetidas ocasiones en varios informes de las Naciones Unidas, de los órganos de Tratados, los procedimientos especiales, así como en el examen periódico universal de muchos países y recordó que los gobiernos de la región deben actuar sobre estas recomendaciones.
Incalcaterra sostuvo que los Estados tienen la obligación de garantizar que las condiciones de detención sean compatibles con la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de su libertad tiene derecho a ser tratada con humanidad y con respeto a la dignidad inherente de la persona humana, como se reconoce en instrumentos internacionales de derechos humanos.
Citando las directrices del Comité de Derechos Humanos, Incalcaterra señaló que el “trato humano es un estándar básico de aplicación universal que no puede depender enteramente de los recursos materiales, y que debe aplicarse sin discriminación”. En ese enfoque, el Poder Judicial debe asumir cierta responsabilidad por las condiciones y el tratamiento que afectan a aquellos que ordena permanecer en prisión preventiva o a los que condena a penas de prisión, agregó.
INVESTIGAR E IDENTIFICAR
Además de las recientes muertes de ocho prisioneros en la región, el Representante Regional expresó su alarma por un video que muestra una mujer detenida esposada que acababa de dar a luz en Brasil, en clara contravención de los tratados internacionales de derechos humanos.
El Representante Regional pidió una investigación pronta y eficaz sobre todos estos incidentes recientes, para identificar a los responsables y obtener reparación para las familias de las víctimas. Incalcaterra recordó que “todos los Estados deben adoptar medidas urgentes para garantizar que las condiciones de detención cumplen con las normas internacionales de derechos humanos. Esas medidas deberían incluir, entre otros, el establecimiento de mecanismos imparciales para inspeccionar y visitar los lugares de detención y reclusión”.
Asimismo, señaló que ninguno de los países cubiertos por su oficina ha establecido un Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura (MNP), requerimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OP-CAT). Incalcaterra también alentó a los Estados que aún no han ratificado el Protocolo Facultativo a hacerlo, e instó a sus Estados Partes a establecer mecanismos nacionales de prevención como una cuestión de prioridad.