Nacionales | 18 Feb La aplicación, control y contrapartida de los planes sociales del gobierno se convirtió en motivo de debate público a partir de la detección de resultados indeseados, como la compra de cigarros y alcohol con Tarjetas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y enfrenta a la oposición con el oficialismo. Un informe del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) encontró que las familias beneficiarias de las transferencias monetarias utilizaban parte del dinero para adquirir productos no recomendados, como electrodomésticos o recargas de celulares y, aunque en muy menor medida, también compraron productos prohibidos como cigarrillos, bebidas alcohólicas y refrescos. El gobierno encontró “errores” de metodología y bajó la publicación de la información de Internet.
Mientras legisladores blancos y colorados que consultó El País consideran un fracaso la aplicación de los programas, desde el Frente Amplio se entiende que los errores son parte del aprendizaje de una política nunca antes aplicada.
Ante estas diferencias, se generó la convocatoria a la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Representantes del titular del Mides, Daniel Olesker (Partido Socialista), por la diputada nacionalista Ana Lía Piñeyrúa (Unidad Nacional). Para la legisladora, los recursos de las tarjetas deben ir “dirigidos” a la compra de alimentos. “Siempre tiene que haber una contrapartida. Tiene que haber una obligación, si no se impone una cultura del asistencialismo que no es deseable”, consideró Piñeyrúa.
Por su lado, el ministro Olesker profundizó sus discrepancias con el INDA al ser consultado por la prensa. Dijo no compartir “el criterio de que hay alimentos recomendados y otros que no. La tarjeta es un instrumento para que la gente coma. Es para la integración social”. Aseguró que la compra de esos productos no deseados representan “$ 40 por mes por hogar”, y anunció la realización de un nuevo informe de análisis que será publicado en 15 días.
El diputado socialista Julio Bango, ex director del programa Infamilia del Mides, reclamó tener en cuenta que la discusión sobre el mal gasto de las Tarjetas Alimentarias se da en un porcentaje muy menor del total de las compras. El legislador dijo estar en contra de “decirle” a los beneficiarios en qué deben gastar el dinero asignado y reclamó una discusión para despejar el asunto. Bango recordó que las transferencias del Estado se hacen desde 1942, por medio de las asignaciones familiares, pero recién en 2005 con la llegada de la izquierda al gobierno se comenzaron a controlar y evaluar. “La sociedad no se preguntaba, no había debate, la discusión se instala cuando le empezamos a transferir a los pobres”, insistió.
A juicio del diputado blanco Pablo Abdala (Lista 66), los planes sociales del gobierno son “cojitrancos”. “Por eso mantenemos los bolsones de marginalidad, porque esto no es solo una cuestión vinculada con la alimentación y los ingresos”, consideró. “A mí no me inquieta tanto el hecho de que eventualmente estos compatriotas puedan utilizar la tarjeta para comprar otros bienes, más allá de lo estrictamente referido a alimentación. Ahora, una cosa es comprar un celular, y otra es financiar un vicio”.
El senador colorado Alfredo Solari (Vamos Uruguay) apuntó al ministro Olesker con sus críticas. “Bajar el informe es una actitud autoritaria y propia del socialismo real, que nunca acepta aprendizajes”, dijo.
El ministro Daniel Olesker anunció, en medio de sus críticas al informe del INDA, que en 15 días habrá un nuevo análisis de las compras con Tarjeta Alimentaria con la participación de todos los organismos involucrados, luego de haber bajado de Internet el de INDA.