Opinion | 14 Feb Existen situaciones crónicas que por registrarse en el ámbito de la salud naturalmente tienen una repercusión mucho más sensible para la sociedad que la que se da en otros ámbitos, donde incluso los déficit pueden ser más agudos pero tienen una proyección que no llega al grado de afectación como el área a la que nos referimos.
Tenemos por ejemplo que en el verano, por efectos de las licencias --todo el mundo quiere tenerlas en el verano, es cierto-- se agudizan los problemas de falta de especialistas en los hospitales y mutualistas, sobre todo del Interior, donde el problema ha adquirido mayor relevancia.
El punto, además, es que estamos ante una situación sin solución a la vista, que se extiende desde hace varios años, con escasos profesionales para atender a los pacientes del ámbito privado y público sobre todo en determinadas especialidades de mayor demanda.
Hace unos dos años se dio el caso –entre muchos otros ejemplos, por supuesto-- de que las intervenciones quirúrgicas de urgencia que se generaban en Paso de los Toros, ciudad de unos 17.000 habitantes del Departamento de Tacuarembó, debieron ser derivadas a Durazno, porque el único cirujano de la localidad estaba de licencia, y pese a las gestiones que él mismo encaró para lograr quien lo supliera, no lograba reemplazo.
Este escenario se mantiene más o menos igual en Uruguay, a casi cuatro años de vigencia ya del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), por el que supuestamente los uruguayos nos hemos sumergido en el camino de la igualdad en materia de atención de salud, en favor de los grupos más desposeídos, que además están radicados mayormente en el siempre olvidado Interior.
Por supuesto, estamos ante un déficit que se manifiesta desde hace ya muchas décadas, y que no se ha corregido pese a que se han sucedido gobiernos de todos los partidos, porque no se ha puesto de manifiesto la voluntad política de avanzar contra las estructuras burocráticas que mantienen este estado de cosas.
Paysandú no es una excepción ni mucho menos, por supuesto, si tenemos en cuenta que es un mal crónico del Hospital Escuela del Litoral el tener carencias en materia de especialistas, donde los números para consulta que se obtienen, con suerte, tras colas de muchas horas, se agotan rápidamente y los pacientes siguen engrosando la lista de espera.
Lamentablemente, en la mutualista local, sin llegarse a este extremo de la dependencia de ASSE, es notorio que a partir de la entrada en vigencia del SINS resulta más problemática la atención por especialistas, al punto que hay especialidades en las que deben aguardarse semanas para ser atendido por el médico elegido por el paciente, por lo que en realidad el problema, lejos de solucionarse, se ha contagiado al ámbito privado.
Esta distorsión es responsabilidad, en una u otra forma, de las autoridades nacionales del Ministerio de Salud Pública, y pese a que el ministro del ramo, Daniel Olesker, reconoció el gran déficit de especialistas médicos que hay en todo el Interior, ha admitido que no tiene una solución prevista en el corto plazo.
Debemos tener presente la centralización extrema que tienen los servicios de salud en el Uruguay, y que hace que se esté ante una cobertura más o menos aceptable –siendo benigno con el concepto— en la atención primaria, pero con agudas carencias una vez se ingresa en las áreas que requieren una mayor especialización e intervenciones de avanzada tecnología o más o menos actualizada.
Y si algo en la materia se puede hacer en las capitales departamentales, el problema se acentúa a medida que se sale hacia localidades del medio rural o crece la distancia con Montevideo. Una clara muestra de esta discriminación la tenemos en los Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE), que están todos instalados en la capital, sin siquiera haberse encarado por lo menos una progresiva regionalización para reducir la distancia de los traslados de pacientes.
Y en este contexto, el déficit de especialistas en determinadas áreas es consecuencia de este centralismo, que determina que los profesionales opten por radicarse en Montevideo, donde tienen las mejores remuneraciones e infraestructura para formación profesional, por lo que estamos siempre ante caras distintas de un mismo problema.
Y la realidad, por encima de los enunciados y de reconocer que existe el problema, indica que hasta ahora no se ha materializado ninguna acción realmente efectiva por las autoridades ministeriales que permita alentar expectativas de una reversión de este panorama en el corto o mediano plazo.