Nacionales | 20 Feb La relatora especial de ONU, Catarina de Albuquerque, destacó los avances de Uruguay respecto al acceso al agua potable y señaló como prioridad del Estado trabajar para garantizar este derecho humano a las personas más vulnerables. Durante su misión en nuestro país visitó varios barrios de Montevideo, asentamientos irregulares y zonas rurales, y mantuvo reuniones con organizaciones no gubernamentales y organismos estatales.
La especialista de Naciones Unidas explicó que el propósito de su visita fue valorar la forma en que Uruguay implementa sus obligaciones para cumplir con el derecho humano de acceso al agua potable y el saneamiento. Catarina de Albuquerque destacó que el gobierno realizó un esfuerzo para incrementar el acceso al agua potable de toda la población, el cual se sitúa en el 98% de cobertura, uno de los índices más altos de Latinoamérica y el Caribe. También reconoció el avance a nivel del saneamiento, con un 98% de la población que accede al servicio, de la cual el 60% está cubierta por la red de alcantarillado.
Asimismo, destacó que la inversión en obras es muy importante y más significativa que en otros países de la región y recalcó que estos logros son mayores si se avalúa que el servicio es asegurado por una empresa pública como OSE. De todos modos, dijo que a pesar de los importantes avances alcanzados, que benefician a la mayoría de la población uruguaya, existen sectores más vulnerables que están excluidos de estos progresos. Por tal motivo, Albuquerque considera que es necesario priorizar a las personas que viven en asentamientos irregulares o en situación de calle, para que alcancen el acceso a este derecho fundamental.
La especialista reconoció que el gobierno ofrece una tarifa social para asegurar el acceso de los más pobres al agua potable. Con esta iniciativa, el promedio de los gastos de agua y saneamiento se sitúan en el 2,5% del ingreso familiar. De todas formas, solicitó al Estado que examine la situación de las familias que para pagar la factura de agua y saneamiento deben sacrificar otras necesidades básicas.
Respecto al saneamiento, señaló que el Estado debería estudiar formas alternativas, “más baratas, sostenibles y adecuadas a las características de zonas con menor densidad poblacional del país”.
También expresó su preocupación por el tratamiento que se brinda a las aguas servidas, donde solo el 60% reciben tratamiento, muchas de las restantes infiltran el suelo y llegan a algunos acuíferos que ya están contaminados con coliformes.