Opinion | 18 Feb Finalmente, tras meses de idas y venidas no exentas de episodios ríspidos, el jueves próximo se habrá de suscribir el denominado Pacto Educativo en una ceremonia a celebrarse en la Torre Ejecutiva, en la que participarán el presidente José Mujica y otras altas autoridades de gobierno, así como líderes de los partidos de oposición, en lo que puede ser catalogado como un hito no solo en materia de relacionamiento entre el gobierno y la oposición, sino por la trascendencia que adquiere el colocar una piedra fundamental para “recuperar” la conducción de la enseñanza por el poder político.
Con matices, los diagnósticos coinciden respecto a que la calidad de la enseñanza ha caído sistemáticamente en los últimos años, en un escenario que en realidad se ha venido precipitando desde las últimas décadas del siglo pasado, pero con particular énfasis en el último lustro.
El coincidir en que hay que hacer algo contundente y de una buena vez en la educación es un principio básico, pero hay sectores que han pretendido negar esta realidad y atribuido todos los males a políticas neoliberales llevadas adelante por anteriores gobiernos, al punto de argumentar que las cosas empezarán a mejorar a medida que se vayan eliminando los vestigios de esas políticas y la sociedad evolucione.
De todas formas, a esta altura son pocos los que creen que puede esperarse que el panorama cambie por el resultado de las políticas sociales, de la misma forma en que muchos de los que pensaban igual respecto a cómo abatir la inseguridad, han terminado por admitir que más allá de la marginación y la pobreza, hay núcleos de personas que medran en la delincuencia y que la tendrán como modus vivendi por encima de coyunturas económicas y situaciones sociales. Esto sucede a medida que el gobierno anuncia urbi et orbi los históricos éxitos sociales y económicos que se vienen alcanzando desde hace ya mucho tiempo --en coincidencia con la llegada de la izquierda al poder--, por lo que tales resultados en temas tan sensibles como la educación y la seguridad son una piedra en el zapato para el gobierno a medida que el argumento de la “herencia maldita” pierde vigencia.
Si bien en el caso de la educación no existe un diagnóstico común de los partidos, hay sí lineamientos básicos para empezar a actuar donde se han detectado los mayores problemas, que refieren a la Enseñanza Secundaria fundamentalmente, como la situación dramática por la alta deserción y la escasa formación de los egresados. Ello se proyecta indudablemente en todas las ramas e incluso en la Universidad, que es la receptora de estos jóvenes mal preparados, a los que agrega sus propios problemas.
Estamos por lo tanto recién ingresando a la etapa de las definiciones sobre planteos genéricos, a los que tampoco ha sido fácil llegar, por lo que todo indica que se necesitará un trabajo exhaustivo de los participantes, pero sobre todo sin preconceptos ideológicos, para encontrar los caminos que permitan ir superando los obstáculos e identificar los elementos comunes a efectos de proponer y concretar proyectos que, lamentablemente, no tendrán resultados inmediatos, sino que demandarán un proceso erizado de obstáculos.
Precisamente los mayores obstáculos, mal que pese, provendrán de los propios gremios de la enseñanza, que ya han anunciado una lucha frontal contra la “osadía” del sistema político de promover los cambios que se han reclamado durante mucho tiempo y a los que sistemáticamente se han opuesto.
Una muestra de esta actitud la tuvimos con el episodio del rechazo de los gremios al Plan ProMejora, de alcances muy modestos y que solo apunta a evaluar anualmente la gestión en los centros docentes. Esta iniciativa fue calificada como un intento “fascista” de establecer controles en la educación, como un resabio neoliberal y una invasión de los políticos a un ámbito que a juicio de los docentes es de su exclusiva competencia.
Lo que no solo es un craso error, sino una expresión de soberbia y corporativismo que revela las “manijas” que se promueven en lo interno.
El ciudadano de a pie, el que sufre las consecuencias de la degradación de la enseñanza, no está representado en este corporativismo, y como se desprende del ordenamiento institucional que se ha dado el país, los partidos y quienes los representan son los depositarios de la soberanía popular y quienes legítimamente tienen no solo el derecho, sino el deber de conducir a la enseñanza para que sirva a los intereses del país.
Este es precisamente el sentido del acuerdo a suscribir el jueves, que esperamos colme en resultados las expectativas que ha generado, por lo menos para abrigar la esperanza de que no todo está perdido y que se habrá de iniciar, aunque mucho después de lo que debiera, el proceso de recomposición de nuestro perimido sistema educativo.