Opinion | 20 Feb El déficit en el acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas pendientes de solución en nuestro país, como consecuencia de que se ha carecido de políticas de Estado que aseguraran por lo menos determinada continuidad en los programas que se han intentado. A fin de cuentas, cada gobierno ha traído su propia fórmula, con luces y sombras que explican que hoy estemos con un déficit no menor a las 100.000 unidades habitacionales en todo el país.
Los períodos de expansión económica, como los que vive Uruguay desde hace unos seis años, son un buen momento para que el Estado destine recursos tendientes a promover respuestas activas a esta situación, en forma criteriosa, como generador de acciones que impliquen la coparticipación con privados y, naturalmente, la participación de los propios interesados.
Durante la Administración Vázquez hubo un marcado déficit en materia de ejecución de programas habitacionales, pese a que el Estado contó con una recaudación extra producto de la favorable coyuntura internacional. Fueron muy pocas las viviendas nuevas construidas durante el período, salvo la continuidad que se dio en el caso de la erradicación de la vivienda insalubre rural a través de Mevir, cuya obra se ha mantenido en muy buen nivel durante los sucesivos períodos de gobierno.
Con la asunción de Mujica, el panorama ha experimentado cierta evolución, pero todavía muy lejos del empuje que se requiere para encarar un sostenido proceso de reversión del déficit habitacional, aunque se reafirme una y otra vez esta intención. Pero no alcanza con la intención, sino que deben elaborarse programas viables, con la adecuada identificación de objetivos y financiación, además de promover sin excepciones el retorno de recursos en determinado lapso para ir reciclando el dinero en favor de nuevos aspirantes a contar con techo propio.
En Paysandú el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) desarrolla una labor muy encomiable, con la Intendencia Departamental --a través de su Unidad de Vivienda-- que incluye convocatorias a construcción de viviendas por autoayuda, recuperación de unidades habitacionales y reubicación de asentamientos, pero naturalmente con limitación de recursos que no permite la respuesta en la cantidad necesaria para cambiar radicalmente el escenario en pocos años, aunque se esté avanzando en la buena dirección.
Pero se requiere un proyecto nacional que realmente signifique atacar el problema con instrumentos desde varios frentes, es decir por un lado el Estado con programas que impliquen una cuota de subsidio y aporte de trabajo para sectores que realmente no tienen capacidad de repago, la participación activa de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua mediante la agilización de los préstamos y un aumento de la cuota de recursos, así como la coparticipación privada en emprendimientos destinados a sectores medio y medio bajos de la población que no están en condiciones de comprar o construir su casa por el alto costo de la construcción y la falta de créditos en montos y plazos razonables para este fin.
En este contexto surge como un elemento positivo que se haya reglamentado en agosto del año pasado la Ley de Promoción de la Vivienda Social, la que apunta a habilitar, fomentar y promover la participación del sector privado mediante la inversión en la vivienda a sectores de ingresos medios y medios bajos. Una de las posibilidades que ofrece es financiación para pequeños y medianos inversores que desarrollen proyectos de vivienda de interés social, incluyendo beneficios tributarios a la construcción y a la refacción de viviendas para su puesta a la venta o alquiler.
En los pocos meses en que lleva habilitado este instrumento, los proyectos presentados han sido escasos, sin que se llegue todavía a colmar las expectativas, pero estamos hablando de breve tiempo para los objetivos que se promueven, aunque siempre es necesario ir evaluando resultados y eventualmente incorporar cambios para que se constituya en un instrumento a tono con las necesidades de vastos sectores de la población.
Tenemos así que sectores de clase media y media baja no tienen alternativas reales de crédito a la compra o construcción de viviendas, como los que ofreciera en su momento el Banco Hipotecario, y es evidente que ello ha llevado a que haya sectores desatendidos. Estadísticamente existe por lo menos un 40 por ciento de la población con serias dificultades de acceso a la vivienda, lo que refuerza el razonamiento de que se debe ofrecer alternativas en aras del objetivo común de la vivienda de interés social, que no es solo la de los sectores carenciados. Ello traerá aparejado a la vez una rebaja de alquileres en un segmento cuyos precios son los que más han aumentado en los últimos años.
Es de esperar que una acción sostenida en este sentido, que debe trascender un período de gobierno, redunde en el corto plazo en un principio de reversión en este panorama adverso.