Nacionales | 26 Feb La oposición seguirá de cerca el cumplimiento efectivo del cronograma del pacto educativo con el gobierno, y aunque hay disposición al diálogo con los sindicatos, blancos, colorados e independientes sostienen que el rumbo lo debe marcar el sistema político. Este enfrenta el desafío de hacer realidad y concretar los cuatro puntos que integran el acuerdo educativo firmado entre el presidente José Mujica y los líderes partidarios, que de por sí debió superar resistencias en el propio gobierno y en el Frente Amplio.
El presidente José Mujica pretende involucrar en el compromiso a los sindicatos de la enseñanza, que tras reunirse con el mandatario enfatizaron su rechazo al pacto, calificándolo de inconstitucional y violatorio de la autonomía de la enseñanza.
De los cuatro puntos, tres dependen exclusivamente del sistema político: el otorgamiento del doble voto a los presidentes del Codicen y los organismos desconcentrados, la puesta en marcha del Instituto de Evaluación Educativa y la transformación de la UTU en una universidad técnica. Los sindicatos rechazan particularmente el fortalecimiento de los centros de enseñanza media, que habilita a los directores de los liceos a una mayor autonomía técnica. Pese a esta resistencia la oposición confía en que el gobierno cumplirá su palabra. De todos modos, seguirá de cerca el cronograma fijado. El líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, principal propulsor del acuerdo, dijo que “habrá que convencer a los actores sociales para que el pacto sea más abarcativo” y de ese modo “avanzar en algo inédito para el país, ante la imperiosa necesidad de cambios”.
Larrañaga señaló el compromiso inequívoco del presidente Mujica, “claro y contundente”, y agregó que el rumbo debe ser marcado por el sistema político. “Lo acordado debe cumplirse. Tenemos que hacer que estos cambios generen transformaciones en la sociedad del conocimiento. Ese es el esfuerzo en el que todos tenemos que poner paciencia, voluntad inquebrantable, capacidad de diálogo y de convencimiento para advertir que --como decía Wilson Ferreira-- las rigideces ideológicas no pueden transformarse en dureza del alma que impidan los cambios positivos para la sociedad uruguaya”, manifestó Larrañaga.
Por su parte, el líder del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, dijo a los sindicatos que si ven algo inconstitucional recurran ante la Suprema Corte de Justicia. “La inconstitucionalidad que señalan los gremios es que se estaría violando la autonomía. Pero como los órganos de conducción de la educación aprobaron e hicieron suyo el acuerdo, obviamente también participaron en la decisión. No veo inconstitucionalidad alguna ahí”, sostuvo. El senador por Vamos Uruguay señaló que hará un seguimiento muy cercano del tema, sobre todo del fortalecimiento de los centros educativos. Al respecto, aseguró que llamará a responsabilidad a las autoridades si no implementan lo acordado. En tanto, el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo ser consciente de la resistencia de los sindicatos, “que mantienen una concepción equivocada de lo que es la autonomía educativa”. Enfatizó que lo acordado depende de los partidos y que habrá que confiar en que el gobierno lo llevará adelante pese a la oposición de los gremios. “Tuvimos una reunión con Fenapes, que creo sirvió un poco para aclarar algunas cosas y acortar distancias. Lo vamos a hacer en los próximos días con Afutu, vamos a seguir en la misma línea: convencer a todos –docentes y dirigentes sindicales– de que esto es a favor de la enseñanza pública y de los docentes”, aseveró Mieres.
La Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), apoyada por el Pit Cnt, consideró en un comunicado que el acuerdo educativo es “inconstitucional”, ya que viola la autonomía educativa y la Ley de Negociación Colectiva al “modificar condiciones laborales”. Los docentes exigen más presupuesto y se aprestan a elaborar un documento con sus propuestas. El próximo 3 de marzo analizarán en asamblea los pasos a seguir.