Locales | 28 Feb (Por Alfonso Ramos Inthamoussu). Con reiterada frecuencia se escucha que los gremios de profesores de Secundaria obstaculizan los cambios necesarios. O que las décadas de demora en la reutilización de las vías del tren se deben a quienes obtienen allí sus fuentes de ingreso. Más grave sería confirmar que los staffs gerenciales y técnicos de Antel o de UTE son quienes impiden una mayor apertura a la participación privada en sectores en los que se juega la modernización del país. Vale la pena reflexionar sobre el papel de las “corporaciones”.
Un intendente, un presidente de la República, un curul o un diputado es elegido según el voto popular. Se les encomienda una tarea, una responsabilidad y, en última instancia, se les renueva o no las atribuciones otorgadas. Se sabe quiénes son y oportunamente se les juzga. Más importante aún desde un punto de vista práctico, es la tarea que los medios de comunicación --la prensa escrita, las radios, la televisión y, poco a poco, Internet-- realizan diariamente informando, preguntando, contribuyendo a la máxima transparencia posible en las tareas públicas. En una palabra, manifestando y contribuyendo a formar la opinión pública.
De algún modo, a partir de la Revolución Francesa, hace más de 200 años, se abrió camino esta forma de organizar y controlar el poder político. Tanto como al absolutismo de los monarcas se temía el poder de las corporaciones. Ambos impedían las libertades individuales y las iniciativas económicas, burguesas. En un movimiento pendular de utópico optimismo se abolieron los gremios y las asociaciones como manifestación de intereses particulares y egoístas, y se concedió al Estado centralizado todos los poderes dentro de los límites constitucionales.
La historia es conocida. A lo largo de los siglos XIX y XX la importancia del Estado ha crecido en todo el mundo, sin distinciones de ideologías o sistemas políticos. Según algunos autores luego de la crisis del 29, y sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial, el peso del Estado ha crecido, ha diversificado sus tareas y actividades y representa en todos los países más del 25% de la economía total.
Esta omnipresencia del Estado, esta dificultad que enfrenta el ciudadano para ser atendido o encontrar alguien que lo escuche es lo que se llama burocracia. Y en la burocracia hay innumerables entidades y organismos, secciones y oficinas con mucho poder real, aunque nadie los haya elegido, ni rindan cuentas, ni haya forma de protestar.
Pero esto se ha agravado. No es Uruguay el único país donde diversos grupos ostentan un poder que desafía el poder político electo, consigue lo que persigue e inmoviliza las iniciativas. Se podía leer días atrás que el nuevo primer ministro italiano, Mario Monti, responsable de las reformas que evitarían que su país caiga en default, encontraba serias dificultades con los taxistas romanos.
No nos estamos refiriendo a poderosos grupos empresariales --sobre todo financieros-- ni a los sindicatos que agrupan a obreros y empleados del sector privado. Las quiebras, las absorciones, la evolución de los salarios reales y los niveles de ocupación muestran que en el sector privado hay cierta flexibilidad, aunque estemos lejos de un eficaz y solidario funcionamiento del mercado de trabajo. Nos estamos refiriendo a los gremios y corporaciones que controlan los organismos públicos, desde el primer nivel universitario en sus sedes centrales hasta las monopólicas empresas estatales. Sus directores son aves de paso, con escasas posibilidades de cambiar rumbos. Basta trasladarse a la Intendencia capitalina para percibir el poder de los sindicatos: cómo ganan juicios por millones de dólares --amparados en acuerdos obtenidos a la fuerza-- o cómo mantienen sucia la ciudad. Allí no llega el desempleo ni la caída de los salarios reales.
Por eso el mundo vive una situación inédita. Nunca se ha hablado tanto de democracia y libertad y nunca ha habido tanto poder concentrada en quienes, sin temor a exagerar, podríamos llamar corporaciones medievales.