Opinion | 26 Feb La proximidad del inicio de las clases pone a las familias frente a una serie de actividades que son necesarias hacer y decisiones que deben tomar. Para los padres con niños pequeños, la elección de una guardería nunca es una tarea sencilla. Ya sea un centro educativo público o privado, existe una serie de factores que influyen, como la distancia del hogar, el programa educativo de la institución y el precio.
Quienes entienden del tema recomiendan elegir bien el centro infantil porque cuanto más satisfechos y seguros estemos los padres, más fácil será la adaptación a la escuela tanto del niño como de los padres.
Al trauma que supone la separación física del niño, especialmente cuando son muy pequeños, se une la preocupación por la atención que recibirá, las condiciones del centro donde pasará gran parte del día y, también, la carga económica que ello conllevará. Lo ideal sería que los padres, con la suficiente antelación visiten varios centros educativos antes de tomar una decisión definitiva. No obstante, ello no siempre sucede.
Un requisito básico a considerar es que la institución cuente con las autorizaciones y habilitaciones necesarias para funcionar. En este sentido, cabe señalar que el Ministerio de Educación y Cultura cuenta en su sitio web con listado de instituciones habilitadas y que está realizando las fiscalizaciones necesarias, algo que aunque necesario, no siempre fue frecuente.
En este sentido, que a través de una reciente resolución el MEC prohibió el funcionamiento de siete jardines de infantes privados (cinco de Montevideo y dos de Canelones) y clausuró de manera definitiva otro centro de la capital.
Algunas instituciones registraban malas condiciones de higiene, no tenían la habilitación del Ministerio de Salud Pública y Bomberos. Otras no tenían un director técnico responsable pedagógicamente ni cuidaban el ratio adulto-niño, que marca, por ejemplo, que debe haber un adulto cada tres bebés o cada cinco niños de un año. Todos estos jardines arrastraban irregularidades desde hacía varios años, incluso, algunos fueron advertidos por el ministerio antes de 2008, según informó El País.
En definitiva, se trata de un sector en el que conviven instituciones sin tacha y otras que incurren en informalidad e incumplimiento de la normativa vigente. Si bien los padres son los primeros en tener la responsabilidad de verificar en qué manos y en qué condiciones dejan a sus hijos, el Estado también tiene una responsabilidad ineludible en la materia, que ha comenzado a ejercer a través de una acción fiscalizadora totalmente necesaria.