Nacionales | 27 Feb El Estado se hará cargo de los inmuebles abandonados a partir de una ley que el Parlamento prevé aprobar este año, con el objetivo de contemplar el “interés general” ante perjuicios a la seguridad y salubridad del entorno. El proyecto, elaborado por el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay), ingresará en los primeros días de marzo a consideración de la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja y cuenta con el visto bueno del Poder Ejecutivo y de la bancada oficialista.
El legislador viene trabajando desde hace un año en la iniciativa, en un trabajo conjunto con especialistas en Derecho y Ordenamiento Territorial. Asti aseguró que el objetivo será darle armas al Estado para que tome el control de los inmuebles en situación de abandono y resuelva rápidamente los problemas que este tipo de predios provoca.
El proyecto define la condición de abandono en todos aquellos casos en que el propietario incumpla las obligaciones que le impone la Ley de Ordenamiento Territorial, entre ellas mantener la propiedad en buenas condiciones edilicias y de higiene. Asti explicó que “a partir de que cualquier dependencia del Estado se presente ante la Justicia a solicitar la declaración de abandono, el juez deberá visitar el inmueble y comprobar las condiciones”.
El proyecto estipula que si el predio en cuestión mantuvo esa situación por los últimos cinco años, la Justicia le otorgará al Estado su posesión. Asti señaló que se prevé que si transcurrido un breve lapso el propietario no se presenta a reivindicar sus derechos sobre el bien, este será declarado vacante, tal como marca el Código Civil. De esa manera, el Estado estará habilitado para destinarlo al fin que considere conveniente.
Esto se hará mediante el régimen de “juicio extraordinario” para posibilitar su rápida concreción. El objetivo es dar a los lugares abandonados un destino social, con la construcción de viviendas como prioridad. El legislador indicó que “se intenta una solución rápida para resolver casos en donde ante determinadas situaciones el Estado no puede intervenir por hallarse un privado de por medio”.
El objetivo será “garantizar la seguridad y la salubridad edilicia, preservando el interés general en cuanto a la calidad de vida del entorno de la propiedad, incluso de las personas que puedan vivir ilegalmente en estos predios”. Las eventuales compensaciones que se deban pagar serán las previstas por ley y tomarán en cuenta el valor que tenía el inmueble en su condición de abandonado. Asti señaló que, según un relevamiento del Defensor del Vecino, en Montevideo existen unos 550 inmuebles pasibles de esta situación, mientras que en el interior no están cuantificados.