Nacionales | 03 Mar La oficina de Recursos Propios de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) envió durante 2011 a 757 deudores del Impuesto de Primaria al Clearing de Informes, según explicaron en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes la gerente de la repartición, Gabriela Silva, y el consejero de Primaria, Héctor Florit. Se trata de contribuyentes que mantienen facturas impagas con más de 5 años y por montos superiores a $ 30.000.
Hasta octubre del año pasado, además, la administración pública envió 13.000 intimaciones a morosos con deudas inferiores a $ 100.000, de los cuales han regularizado su situación 1.390. En tanto, los que deben más de $ 100.000 y recibieron intimaciones son 246 casos, de los cuales 60 arreglaron su situación. La morosidad alcanza los $ 1.427 millones (equivalentes a U$S 74.322.916 según la cotización de cierre), informaron las autoridades.
La visita de Primaria al Parlamento fue promovida por el diputado nacionalista Pablo Abdala, quien considera inoportuna la medida de enviar contribuyentes al Clearing por deudas Primaria. El legislador entiende que los contribuyentes están en situación de “debilidad” frente al Estado. “Viola el principio de igualdad, porque las facturas dicen que llegan a Montevideo y Canelones, pero no al interior del país”, dijo Abdala a El País. El diputado blanco habló de justicia tributaria y le reclamó al gobierno mantener el criterio. “El Estado que hoy endurece sanciones, es el mismo Estado que no ha sido justo con los deudores y los trata de forma desigual”, insistió.
De los 371.000 padrones gravados con el Impuesto de Primaria en Montevideo, hay 80.000 morosos, lo que representa 22% del total, mientras que los guarismos en el Interior son más elevados: de un total de 395.000 contribuyentes a Primaria hay unos 221.000 que no están al día, lo que equivale a 56%.
En la discusión en el Parlamento, Abdala reiteró su intención de legislar para prohibir que el Estado utilice el mecanismo de envíos al Clearing. El Frente Amplio manifestó su disposición a discutirlo. El 58% de lo recaudado por el impuesto va para alimentación de 270.000 niños. El resto se reparte en gastos de funcionamiento (23,9%), reparaciones (7,1%), limpieza (2,4%) y transporte de niños con discapacidades (5,7%). El gravamen afecta a los bienes inmuebles cuyo valor supera una franja que fija la Dirección de Catastro. En todos los trámites que implique un cambio en la titularidad de las propiedades inmuebles se exige estar al día con el impuesto. Desde la ley de Presupuesto de 1986 están obligados a pagar los propietarios, los poseedores, usufructuarios y los promitentes compradores con o sin promesa inscripta.