Opinion | 28 Feb En los últimos días cobró trascendencia una gestión de la delegación uruguaya de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) ante la delegación argentina del organismo binacional, respecto a una solicitud de información sobre la eventual contaminación del río por parte de una empresa argentina ubicada en San José, al norte de Colón. El tema no es nuevo y la empresa argentina cuenta con historial de inhabilitaciones por motivos ambientales a pesar de lo cual, en recientes declaraciones a la prensa, el secretario de Medio Ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo, dijo que la firma en cuestión “cumple con las normativas, de la nación y de la provincia”. Añadió que la empresa fue clausurada en 2008 pero luego pudo retomar su trabajo en el marco de un plan de mejoras que lleva a cabo, bajo el control de Secretaría Provincial.
El funcionario descartó las aprensiones de los delegados uruguayos sobre el tema que, según opinó, “es falso” y “parte del problema con UPM”.
Lo cierto es que en enero de 2008 el gobierno de Entre Ríos y la Secretaría de Ambiente de la República Argentina dispusieron la clausura preventiva de la empresa Fana Química S.A. por operar en forma clandestina y volcar efluentes en el río Uruguay. La firma fue señalada como la responsable de un incidente ambiental que provocó la presencia de una mancha en el río Uruguay a la altura de la localidad de San José, ubicada 11 kilómetros al norte de la ciudad de Colón, y a sólo 20 de Paysandú. Con estos antecedentes, minimizar la preocupación existente diciendo algo así como que la solicitud de información uruguaya es un coletazo de conflicto con Argentina por la instalación de la planta de celulosa de Fray Bentos, no sólo no corresponde sino que tampoco es serio.
Sabido es que las relaciones a la internas del organismo binacional no funcionan muy bien y eso no sólo le hace mucho daño a su imagen sino también al cumplimiento de sus cometidos, y está teniendo una consecuencia nefasta que es el secretismo de la información. La negativa argentina de informar sobre los resultados del monitoreo a UPM es el ejemplo más claro y la causa por la cual los ciudadanos de ambos países no sabemos las conclusiones a las que arribaron los científicos contratados para realizar esos estudios.
En este sentido, conviene recordar que el acceso a la información es un derecho humano y ningún país tiene la potestad exclusiva sobre ella y menos aún los gobernantes elegidos democráticamente para representar a los ciudadanos y los funcionarios públicos que deberían estar a su servicio. En conclusión, por tratarse de un tema tan sensible para la población, la información debería ser liberada cuanto antes.