Opiniones

Locales | 04 Mar Ante la crisis educativa: calidad y autoridad
La educación nacional está en crisis. Así lo denuncian parlamentarios, docentes, alumnos, padres, el Presidente de la República y la realidad. A lo largo del tiempo, he escrito numerosos artículos acerca de la educación y su problemática y dedicado mucho de mi tiempo a cambiar ideas con otras personas acerca del tema y a participar de las asambleas técnico docentes de secundaria, procurando salidas a esta realidad que, coincidimos plenamente, es decadente.
Sin embargo, los artículos habrán terminado prendiendo el fuego de algún asado y el tiempo de análisis parece haberse perdido entre las tan innumerables como inútiles reformas, a las que tantos “iluminados” han sometido a la educación. Cada nuevo gobierno, ha llegado al poder con su “librito” en materia educativa. Lo triste, es que cada “librito” no solo es diferente, sino que procura por todos los medios, arrasar con el anterior.
Así, la educación pasa de una orientación a otra, de un currículo a otro, de un contenido programático a otro, de un reglamento de evaluación y pasaje de grado a otro, como quien se cambia de medias. Situaciones lamentables, como la convivencia al mismo tiempo, en el mismo centro educativo, de planes distintos según el turno al que asista el alumno, podría ser uno de los botones de un vasto muestrario.
Tal es la ligereza y la improvisación con la que se encara un tema tan trascendente en nuestro país. Para peor, cada vez que se acuerdan cosas a nivel político sobre la educación, los acuerdos siempre versan sobre el reparto del poder en los ámbitos de decisión (el valor del voto de algún Consejero, o el número de Consejeros que debe haber en un Consejo u otro). Nunca sobre lo medular, que es el contenido y la forma de lo que se enseña. No obstante y para beneplácito de quienes nos interesamos por lo que pasa en las aulas, aún hay quienes insisten con el aporte de soluciones de fondo para la educación, que vayan más allá de un período de gobierno y de los intereses corporativos de los distintos involucrados en el tema.
Este es el caso del camarada José Carlos Cardoso, Maestro de profesión y actual diputado del Partido Nacional por el Departamento de Rocha quien, este mes de febrero, presentó un documento conteniendo 23 medidas para la mejora de la educación. El documento tiene 20 páginas de total interés. Haré hincapié aquí en dos aspectos que entiendo medulares: la calidad y la autoridad. A nivel de las autoridades de la enseñanza, esto implica en palabras de Cardoso, “dar señales claras de que conducen, de que tienen una hoja de ruta y están dispuestas a cumplirla”. Tener una “hoja de ruta”, implica tener una concepción clara respecto de cuál es la educación que mejor sirve a los intereses del país.
“Estar dispuestas a cumplirla”, implica tener la firmeza de tomar decisiones, plasmarlas en hechos y asumir las responsabilidades políticas por los resultados que se obtengan. Lamentablemente, hoy no tenemos esta calidad de autoridades en la enseñanza. Es prioritario encontrarlas y designarlas, más allá de intereses corporativos, o partidarios. A nivel docente, calidad refiere a un sólido conocimiento de la asignatura que se enseña. Eso permite al educador, trasmitir amena y eficazmente cualquier tema del programa por más difícil o complicado que este pueda parecer, y aceptar de buen grado y responder con solvencia, las preguntas que sus alumnos le puedan plantear. Luego, debe conocer qué es lo que sus alumnos deben saber al final del curso, por qué y para qué. Esto se logra con docentes que tengan experiencia en la aplicación práctica de los conocimientos que trasmiten.
Esto permitirá que el alumno vea y comprenda, qué aplicación tienen los conceptos teóricos que está recibiendo, en la vida diaria, en el futuro ejercicio de una profesión, de un oficio, en definitiva, para un posible trabajo con el que habrán de ganarse el sustento. Y cuando hablamos de autoridad de los docentes, nos referimos al principio de autoridad en el mismo sentido que el camarada Cardoso: “la autoridad basada en el consentimiento o sea “autorización legítima para conducir” y por consiguiente “responsabilidad por los resultados de las decisiones que se tomen” y autoridad basada en el conocimiento sobre determinada materia. Ejercer la autoridad por consiguiente no es sinónimo de autoritarismo, sino producto del saber y de la legitimidad de su investidura”.
Aquí la cuestión es, que desde el momento que el docente toma sus horas y queda investido de su cargo, el sistema confiere al mismo, la legítima autorización de conducir la clase, es decir, de mandarla y por ende, es quien tiene administrativamente, el poder en el aula. Pero esta, es solo la parte administrativa de la autoridad del docente. La que le confiere “la legitimidad de su investidura”. A esta autoridad, debe sumarse sin dudas, la autoridad que adquiere el docente, basada en el conocimiento sobre la materia que enseña. Es decir, basada en su calidad académica. Esa, es la autoridad moral. Que en muchos casos, va más allá y tiene mucho más poder, que la autoridad administrativa. El docente que sabe de lo que habla en un salón de clase y que sabe por qué y para qué está enseñando los conocimientos que trasmite, se convierte automáticamente en una autoridad. Todos en el aula comprenden, quien es el que manda allí. Surge naturalmente, lo que los viejos conocemos como respeto. Si a eso le sumamos personalidad y carácter (que es algo que el saber ayuda a forjar), tendremos un educador con autoridad. Autoridad, en todos los órdenes. Allí, tendremos entonces, un referente. Alguien con la “virtud de brindar a los educandos un marco de contención y de certezas respecto a las conductas más adecuadas para su desarrollo e inserción social, así como para la toma de conciencia de sus responsabilidades y derechos”. Cada vez quedan menos de estos docentes en la enseñanza. Es necesario retener a los que quedan y formar a los nuevos en esta “escuela”.
En este sentido parecen ir las primeras seis propuestas del documento del camarada Cardoso. Aún cuando esto implique romper con el estado de situación actual de las corporaciones y los intereses partidarios. Solo así podremos tener entonces, educación de calidad. Lic. Martín Appratto Mathisson