Opinion | 08 Mar Aunque todavía no está muy claro en el ámbito del gobierno cómo se van a desarrollar las cosas, todo parece indicar que este 21 de marzo, considerado inicialmente como el Día del Perdón, el Poder Ejecutivo dará a conocer una declaración por la que en nombre del Estado asumirá la responsabilidad de los crímenes cometidos durante la dictadura, en lo que se indica se inscribe en cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito del caso Gelman.
Por lo tanto se apuntaría a un pronunciamiento diferente del que se manejó en un primer momento, por cuanto se había señalado que se pediría perdón por el Estado, porque hace 40 años quienes se adueñaron indebidamente del poder tras un largo proceso de descaecimiento de las instituciones cometieron crímenes contra los subversivos y contra quienes no lo fueron y solo se habían alzado como opositores políticos al gobierno cívico militar.
Pero aunque todavía no está bien claro cuál va a ser el tenor de la declaración a leerse en esa oportunidad, en la que se espera contar con la presencia de los tres comandantes en jefe y de representantes de los partidos políticos de oposición, corresponde evaluar la naturaleza de un acto que pretende estar cargado de simbolismo ante hechos que se procesaron hace casi medio siglo ya y sobre los cuales todavía hay mucha carga de subjetivismo y pasión en base a posturas ideológicas, además de tratar de trasladar las culpas a otros.
En realidad la gran víctima de estos extremismos ha sido siempre el pueblo uruguayo, la enorme mayoría silenciosa de ciudadanos que inequívocamente siempre se pronunció por la paz, y que por lo tanto nunca apoyó al alzamiento tupamaro ni al autoritarismo militar.
El pueblo quedó en aquel momento encerrado entre dos fuegos, es decir entre el terrorismo de izquierda que pretendió hacerse del poder por medio de las armas, mediante secuestros, robos, asesinatos, copamientos, atentados, y que se alzó contra las instituciones democráticas ya a principios de la década de 1960, inspirado en la revolución castrista de 1959 en Cuba, y los militares que fueron convocados por el poder político para contener a los sediciosos, y que en su soberbia arrasaron con la instituciones para dejar instaurada la dictadura.
Tanto los sediciosos como los militares actuaron por su cuenta, es decir que en su mesianismo y pretensión de ser dueños de la verdad ignoraron absolutamente –nunca les importó— la opinión del pueblo, compartiendo la premisa de que alzándose ilegítimamente con el poder iban a demostrar luego en el ejercicio del gobierno que eran la mejor opción.
Quiere decir que la irracional apelación a la violencia fue la que generó las condiciones para que gradualmente los militares fueran asumiendo las riendas del poder y conculcando las libertades de los uruguayos, con la consecuente secuela de atropello a las instituciones y a las garantías y derechos de los ciudadanos.
Estos antecedentes son los que deben ponerse sobre la mesa hoy, a 40 años de aquellos tristes sucesos, y evaluar por lo tanto dónde están las responsabilidades para que la espiral de intolerancia y violencia fueran la génesis del período dictatorial que azotó al país.
El pedir perdón debe ser consecuencia de un estado del alma, de admitir que no solo se estaba equivocado en el camino elegido, sino también de sincero arrepentimiento por el dolor infligido a otros que legítimamente defendían lo que sentían y transmitían sus convicciones.
En esta vorágine de violencia tuvieron su cuota parte de culpa tanto los militares como los guerrilleros que se alzaron en una guerra de guerrillas para voltear el gobierno democrático –no dispararon ni un tiro contra la dictadura-- por lo que si vamos a entrar en el terreno de determinar responsabilidades, el hecho de que se pretenda que sea el Estado solo el que las asuma o pida perdón, es una visión distorsionada de la verdad histórica que vivimos muchos uruguayos, que aún recordamos como si fuera hoy el panorama que teníamos en aquellos aciagos años, y que no necesitamos que parte interesada alguna nos haga su propio relato edulcorado de cómo ocurrieron las cosas.
Ni las Fuerzas Armadas ni los tupamaros han asumido formalmente en forma pública, más allá de algún comentario individual, la cuota parte de responsabilidad por tantos años de dolor que trajeron a los uruguayos, y hacerlo de motu propio, con plena asunción de los errores cometidos, sería mucho más importante que el acto de cumplir con el fallo de un organismo que al fin de cuentas no ha medido con la misma vara ni celo situaciones similares en otros países del continente.