Opinion | 10 Mar La delincuencia sigue en aumento en nuestro país, tanto en lo que refiere a robos como arrebatos, copamientos y actos de violencia contra el ciudadano. Hasta el momento no se han generado respuestas acordes con esta problemática, tanto desde el punto de vista de la adecuación de las leyes a esta realidad como de la acción de la Justicia y la propia Policía en lo que refiere a la represión y las acciones disuasorias.
En el marco de esta realidad, es indudable que han crecido sustancialmente hechos de violencia doméstica, que tienen sobre todo como víctimas a la mujer y a los niños, aunque en gran medida el incremento en las estadísticas puede atribuirse a que las víctimas se animan a denunciar lo que antes se ocultaba por temor al escándalo y a que el agresor reiterara aún con mayor violencia el castigo que inflige a las víctimas.
En este contexto debe evaluarse como un aporte positivo el anuncio de que el Ministerio del Interior realizará en los próximos días el llamado para adquirir las pulseras electrónicas que permitirán monitorear a quienes ejercen violencia doméstica, a la vez que el sistema estará en funcionamiento a partir de noviembre e incluirá la entrega de un celular a las víctimas.
Uno de los últimos casos notorios de violencia doméstica se registró en la tarde del miércoles, cuando un hombre mató a una de sus hijas, de cuatro años, e hirió de gravedad a otra de un año. Después del sangriento hecho intentó suicidarse. Su pareja, que resultó ilesa, dijo a la Policía que mantenía discusiones violentas con su marido pero nunca hizo la denuncia.
Sucesivos hechos de este tipo motivaron al Ministerio del Interior a trabajar en la pronta implementación de un sistema de pulseras electrónicas que permita monitorear a los violentos e incentive a las víctimas a efectuar la denuncia. En muchos casos las mujeres ni siquiera se presentan ante la Policía porque las detenciones contra los agresores son por breves lapsos, y los agresores no respetan las órdenes de restricción que impone la Justicia, sin que nadie se lo impida.
Este punto es quizás el principal problema, que termina muchas veces en hechos dolorosos, y es que la orden de restricción del agresor no se respeta, y no existe nadie que la controle efectivamente, por lo que la Justicia está omisa en hacer respetar el fallo del juez y carece de brazo ejecutor para hacer respetar la disposición. Muchas veces nos encontramos con que crímenes que tienen desenlace fatal se registran como epílogo de amenazas o agresiones previas para las que había una orden de restricción para es posterior victimario, la que no se ha cumplido y obra como factor desencadenante de la tragedia.
Es pertinente por lo tanto que de una buena vez se apliquen instrumentos modernos, extensamente utilizados en muchos países, como las pulseras electrónicas con GPS, y de acuerdo a lo manifestado por el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, a Últimas Noticias, esta secretaría de Estado está ajustando los detalles del llamado a la licitación “pero estamos comprometidos a tenerlas en funcionamiento antes del Día Internacional contra la Violencia Doméstica, el 25 de noviembre”.
El proyecto, presentado por la diputada oficialista Alma Mallo, comprende un plan piloto que se aplicará en Montevideo y consistirá en la compra inicial de 200 pulseras cuyo costo oscila entre U$S 130 y U$S 300. En caso de tener los resultados esperados se extenderá a todo el país.
El decreto que prepara el Ministerio habilitará a los jueces de familia a derivar los casos a los juzgados penales, que serán los encargados de evaluar la peligrosidad del agresor para colocarle la pulsera.
Este plan permitirá a la Policía monitorear a la persona violenta y conocer su localización, en tanto la víctima contará con un teléfono celular que le permitirá tener una comunicación directa con la comisaría o con el centro de monitoreo. En caso que el agresor viole el perímetro determinado, la Policía estará en la obligación de avisar a la víctima que se proteja mientras se dirige al lugar para evitar cualquier tipo de acercamiento o agresión, en una medida preventiva que solo será eficaz si la Policía a la vez revé procedimientos y puede contar con mejores instrumentos para actuar con la debida premura. Son puntos a tener en cuenta y trabajar para solucionarlos, de forma de darle las mayores garantías a las víctimas de que el Estado hará todo lo que está a su alcance para darles seguridad.