Nacionales | 14 Mar El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, defendió las políticas sociales del gobierno, luego que en la víspera el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, declarara en Montevideo que las ayudas económicas a las familias de menores recursos “no pueden ser eternas”.
“El proceso de inclusión social requiere de compromiso y corresponsabilidad de las personas, pero no requiere de acciones punitivas para quitarle los beneficios cuando la primera vez no cumplen con las contraprestaciones”, opinó Olesker. “Con los 30.000 hogares que se definieron como más críticos, vulnerables a la indigencia, donde hoy convergen tres políticas --la duplicación de la Tarjeta Uruguay Social, Jóvenes en Red y Uruguay Crece Contigo-- lo que hay que hacer es un trabajo de educación para que una vez que se dan las partidas y la ayuda social, se vayan integrando socialmente”, comentó.
Olesker aclaró que no se debe tomar medidas punitivas, y que no es correcto pensar que a la primera falta en las contraprestaciones la política social se debe terminar. “Requiere educación. Veinte años de neoliberalismo y de exclusión no se resuelven en uno, ni en cinco, ni en diez”, sostuvo. Recordó que hay un segmento de la población que recibe prestaciones sociales globales del Estado, ya en otro nivel, como las Asignaciones Familiares o procesos como el programa de Formación Profesional Básica (FPB) en la UTU o como Uruguay Trabaja, donde hay contraprestaciones que se cumplen. En esos casos, si la persona no concurre o no realiza las atenciones sanitarias que le corresponden, no se le da un apoyo a la habilidad del trabajo.
Para Olesker “es válida” la inquietud de Moreno pero “para un segundo escalón de la integración social y es válido con visión de mediano plazo para arriba”. Por ello anunció que en el Gabinete Social se acordó redactar un protocolo sobre derechos y obligaciones de los beneficiarios. “Qué pasa si no cumple, cuántas veces lo volvemos a visitar, cuántas veces insistimos, para terminar con esta discusión no solo de que no se controla, porque efectivamente se controla, sino también cuáles son las reacciones ante el no cumplimiento, que no son la de quitarle esa ayuda social que lo está integrando después de muchos años de desvinculación al sistema formal”, explicó el secretario de Estado.
Aseguró que el gobierno cumple con un “trabajo tenso, de apoyo permanente a las familias” que están incluidas en los planes sociales. Según Olesker, “el Plan de Emergencia involucró entre 110.000 y 120.000 hogares. La tarjeta duplicada es para 30.000 hogares, o sea que unos 90.000 hogares tienen otras prestaciones, como la Asignación Familiar, Plan de Equidad, una cooperativa social, la revinculación al sistema educativo, pero dejaron de recibir la prestación económica del Mides, porque su situación mejoró”.