Policiales | 15 Mar Cohecho calificado y contrabando fueron las figuras jurídicas que aplicó la jueza Karen Ramos para procesar ayer a diez personas --seis funcionarios públicos en actividad, uno jubilado y tres civiles.
Confirmando lo adelantado en nuestra pasada edición, los diez indagados terminaron procesados ante el cúmulo de pruebas que fueron presentadas por la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Paysandú.
Nueve fueron procesados con prisión y otro con arresto domiciliario dada su edad avanzada, de más de 70. Así, los funcionarios aduaneros C.R.N, R.E.P.C. y J.W.S.B., y los de la barrera sanitaria del MGAP A.R.G.G. y C.D.T.A. fueron acusados de un delito continuado de cohecho calificado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de contrabando en calidad de coautores.
Civiles y jubilado
Otro funcionario público, pero en este caso de la Dirección Nacional de Pasos de Frontera, de iniciales M.A.C.G., fue encarcelado por un delito continuado de contrabando en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de cohecho calificado.
El funcionario público ya jubilado es I.P.L., también acusado de un delito continuado de contrabando en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado cohecho calificado en calidad de coautor. En este caso, la jueza aplicó lo sugerido en el artículo 127 del código penal en la redacción dada por el artículo 9 de la ley 17.897, donde se da la facultad al representante del Poder Judicial de imponer prisión domiciliaria a los procesados mayores de 70 años. Según el delito cometido, I.P.L. purgará la pena de tres meses sin salir de su casa.
También hay tres “civiles” (no funcionarios públicos) que fueron procesados, todos de la misma familia. Se trata de dos hermanos y la esposa de uno de ellos (C.H.O.M., F.E.G.F. y R.C.O.M.) que resultaron procesados con prisión por ser autores de un delito continuado de contrabando en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de cohecho calificado en calidad de coautores.
“no termina acá”
La investigación, que data desde hace varios meses, fue desarrollada íntegramente por la Dirección de Investigaciones, con el apoyo judicial necesario para alcanzar el resultado obtenido. Fue así que ante estas sospechas, los policías comenzaron a confirmar ciertos hechos prácticamente a simple vista, como el nivel de vida que se daban algunos funcionarios, superior al razonable para sus ingresos, y los confirmaron mediante escuchas telefónicas, fotografías y confirmación de giros de efectivo con los que se pagaban los “favores”. En los últimos tres meses --desde diciembre-- se reunió gran cantidad de información, la que iba siendo considerada como irrefutable sobre los delitos que finalmente se le imputaron a estas diez personas. Sin embargo “esto no se termina acá”, aseguró anoche a EL TELEGRAFO una fuente vinculada a la investigación.