Opinion | 17 Mar En las últimas horas presentaron renuncia a sus cargos el presidente del Directorio de AFE Alejandro Orellano, y el también integrante del Directorio del organismo Juan Silveira, aunque en circunstancias disímiles: en tanto el primero lo hizo para dejar las manos libres al Poder Ejecutivo a efectos de llevar adelante la reforma del ente, en el segundo caso el presidente José Mujica le solicitó la renuncia, porque el ex dirigente del sindicato de AFE se había convertido en un constante opositor a la reestructura que promueve el gobierno.
La idea del Poder Ejecutivo, con la creación de una Dirección de Transporte Ferroviario en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas apunta a contar con un operador que funcione bajo el derecho privado, para agilizar la gestión del ente. Es así que próximamente AFE conformará con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) un nuevo operador de propiedad pública que se regirá por el derecho privado.
Según el plan del gobierno, la empresa mantendrá sus cometidos esenciales y será la responsable de construir, rehabilitar y mantener las vías, de acuerdo a lo aprobado en la última Rendición de Cuentas.
Esta iniciativa ha encontrado una fuerte resistencia en el sindicato del ente, que integraba Juan Silveira aún estando en el cargo de director, al punto de convertirse en un obstáculo permanente para la transformación, lo que precipitó la decisión de Mujica de cesarlo.
En realidad se trata de una decisión acertada del jefe de Estado, más allá de las personas involucradas y cuya honorabilidad no está en juego, por cuanto el país no puede darse el lujo de seguir empantanado en una reforma imprescindible para aggiornar el ferrocarril a las necesidades logísticas y de infraestructura.
El intento “negociador” y de búsqueda de consensos que lleva adelante Mujica en determinadas áreas va a contramano con la ejecutividad que se necesita para llevar adelante reformas y decisiones que no admiten más demoras y que siempre van a afectar determinados intereses.
Gobernar es decidir en aras del interés general, y eso es lo que requiere el ejercicio del gobierno, en lugar de transmitir señales dubitativas que alientan la oposición de las corporaciones e intereses sectoriales.
Como es sabido, en Uruguay el ferrocarril ha estado postrado por décadas, ha seguido un proceso de desmantelamiento y ha perdido pie en forma sostenida frente a otras modalidades de transporte --principalmente el carretero--, por una serie de factores, en donde el principal es que es un servicio que lo presta el Estado, con una gestión deficitaria que rompe los ojos y que lo que es mucho peor, nos cuesta a todos los uruguayos millones de dólares al año en pérdidas.
El factor impulsor de esta decisión política respecto al ferrocarril responde indudablemente a la necesidad de un medio de transporte adecuado para las cargas de madera, que es una materia prima que se genera en el corazón del país, con un eje importante en Rivera-Tacuarembó-Paysandú, y que por su gran volumen y bajo valor relativo tiene en los trenes y el transporte fluvial sus socios logísticos más importantes para mejorar su competitividad.
Lamentablemente AFE se encuentra en una situación muy difícil, con un parque de tracción obsoleto, una red ferroviaria con tramos intransitables y con un trazado de principios del siglo pasado, por lo que necesita una inversión de cientos de millones de dólares para rehabilitarlo.
Pero no solo se trata de una fuerte inversión para ponerlo en marcha para dejarlo en situación de competir, puesto que es impensable que la gestión siga en la esfera estatal. Es entonces pertinente que se trabaje bajo el derecho privado a través de una nueva figura que permita romper con el esquema que ha llevado al organismo a este estado de cosas.
Esta es una alternativa válida, tal vez no la única ni tampoco la mejor, pero es positivo que se dejen atrás prejuicios y posturas ideológicas, para pensar y hacer en clave de país, en promover instrumentos para desarrollar infraestructura con vistas al desarrollo sustentable y al crecimiento de la economía.