Opinion | 17 Mar El costo de sostener el funcionamiento del Estado en el Uruguay es un condicionamiento muy severo para todos los sectores de la economía, desde que quien más quien menos deja en ventanillas de los organismos estatales buena parte de sus ingresos.
Esto no es ninguna novedad y naturalmente no hay país en el mundo que no tenga un Estado que no detraiga recursos de la comunidad para sostenerse y aplicar sus políticas. Pero de lo que se trata es de redistribuir en servicios y prestaciones lo que todos los ciudadanos aportamos para este fin, aunque naturalmente no todos aportamos en la misma media y tampoco todos nos favorecemos de la misma forma con los servicios que presta el Estado.
Lo peor que puede pasar es pagar impuestos del primer mundo, donde las cargas impositivas son muy fuertes, para recibir servicios de segunda y de tercera, y además alimentar una burocracia que enlentece los trámites y potencia las ineficiencias intrínsecas al Estado.
Y sin dudas un elemento a tener en cuenta respecto a las políticas impositivas en el caso de nuestro país lo tenemos con los autos, que históricamente han sido considerados como un artículo suntuario y por lo tanto “merecedores” de un especial castigo impositivo.
Datos proporcionados por El Observador, en una gráfica comparativa, indican que el mínimo de impuestos, gastos de flete y demás para un vehículo importado en nuestro país representa el cien por ciento de lo que vale la unidad en origen, lo que indica que en el mejor de los casos los uruguayos estamos pagando por cualquier vehículo el doble del costo de la unidad.
Así, tenemos gamas que va desde esta duplicación para un vehículo correspondiente al cupo “Mercosur a nafta”, es decir que es efectivamente el doble de lo que cuesta en origen, a venderse a un precio cuatro veces mayor en el caso de las unidades diesel extrazona, nada menos.
De esta forma, cuando se habla de la necesidad de ahorro energético y el cuidado del medio ambiente, es indudable que el Estado borra con el codo lo que escribe con la mano, por cuanto a fuerza de impuestos –debe incluirse también el costo de la patente municipal-- disuade de la renovación de las flotas y la modernización del parque automotor, lo que redunda en mayor consumo, menor seguridad contra los accidentes de tránsito y mayor costo de mantenimiento –con todos los repuestos importados, dado que en Uruguay no se producen autopartes--, solo por mencionar algunos aspectos notorios.