Nacionales | 19 Mar La investigación llevada adelante durante alrededor de dos meses determinó la detención de dos enfermeros, indagados por la muerte de personas internadas en estado grave. La Justicia Penal maneja que los asesinatos cometidos por estas personas fueron al menos 50 y lo que la Policía especula habla de 200. Las víctimas, en su mayoría, no eran pacientes terminales y sus fallecimientos fueron “inesperados”, dijeron fuentes judiciales a El País.
Los implicados reconocieron la autoría de decenas de casos en los dos últimos años y adujeron “razones humanitarias”. La Justicia y la Policía sospechan que puede haber casos con más antigüedad y que uno de los móviles es que “se trataba de pacientes que demandaban mucha atención”.
La llamada “Operación Ángeles” comenzó hace dos meses a partir de una denuncia anónima. Un equipo de investigadores del Departamento de Vigilancia de la Dirección de Crimen Organizado comenzó a reunir indicios, pocos al principio, hasta que una segunda denuncia anónima los puso en carrera.
Las muertes sospechosas habían ocurrido en dos instituciones médicas, el Hospital Maciel y la mutualista Asociación Española. El sábado el magistrado los interrogó por primera vez, y también indagó como testigos a dos mujeres (una fue liberada y la otra, que es enfermera, sigue detenida). Los enfermeros terminaron por reconocer su papel en una elevada cantidad de casos, pero solo uno reconoció haber provocado la muerte a alrededor de 50 personas, el otro cree haber eliminado a un número similar, aunque perdió la cuenta, relataron las fuentes. Investigadores policiales y funcionarios judiciales estiman que la suma de homicidios, entre ambos “ángeles de la muerte”, podría ser muy superior.
Los asesinos actuaban en forma independiente y apenas se conocían. Durante los interrogatorios llegaron a reconocer que sospechaban uno del otro, aunque nunca supieron cuándo y cómo cada uno mataba a su víctima de turno.
Al principio los datos desconcertaron a los investigadores, ya que si bien se trataba de muertes no violentas, al menos sin indicios externos, los métodos utilizados diferían entre sí.
“Por la complejidad del caso se solicitó la colaboración de las directivas de las dos instituciones involucradas y, en coordinación con el juez, se empezó a hacer un trabajo reservado”, dijo a El País una fuente de la investigación.
A partir del estudio de las historias los investigadores cruzaron datos con asesoramiento médico y se enfocaron en el personal de salud que trabajaba en los sectores involucrados.
En todos los casos se trataba de pacientes internados en CTI, por lo que se cruzó el perfil de las víctimas con las fechas y horas de sus muertes y las del personal de esos sectores en esos períodos. De este modo se llegó hasta los principales sospechosos: dos enfermeros, de 46 y 39 años, con una larga trayectoria profesional. Con extrema discreción, los investigadores de Crimen Organizado siguieron los pasos de los principales sospechosos. Cuando finalmente el cúmulo de indicios lo permitió, el juez penal de 10° turno Rolando Vomero autorizó la detención de los enfermeros, relataron las fuentes.
El trabajo de investigación previo a la detención de los sospechosos permitió confrontarlos a abundante conjunto de indicios. Ello fue clave para que ambos terminaran aceptando su responsabilidad en las muertes. “Al principio los dos, por separado, negaban o daban distintos tipos de excusas. Pero cuando fuimos poniéndolos ante los indicios que teníamos, terminaron derrumbándose y confesando”, contó uno de los investigadores del caso.