Cuatro meses acumulando pruebas

Policiales | 20 Mar Desde noviembre de 2011, el Departamento de Información e Inteligencia de la Dirección de Investigaciones de Jefatura de Policía venía realizando el seguimiento de las acciones de la ahora procesada --al menos en gran parte-- banda de contrabandistas y funcionarios públicos corruptos.
Los controles eran fundamentalmente de vigilancia electrónica, por lo que en concordancia con la Fiscalía y por orden de la jueza actuante, se permitió ejecutar las escuchas para desbaratar lo que ya se suponían: tres redes de contrabando que operaban en Paysandú.
Un “negocio” de años
Es así que se investigaron las comunicaciones de los ciudadanos R.O., C.O. y su esposa F.I., así como de I.P., un aduanero jubilado. La labor de Inteligencia de la Policía también fue sobre los aduaneros C.R., R.P. y J.S., así como los funcionarios de Barrera Sanitaria del MGAP A.G. y C.T. y del funcionario de la Dirección de Pasos de Frontera M.C.
De acuerdo a esas investigaciones, y las posteriores declaraciones de los ahora procesados, “venían desde hace años recibiendo dinero que le entregaban particulares en forma personal y a través de giros por Abitab y Red Pagos”, establece el acta de procesamiento dictada por la jueza Karen Ramos, y a la que tuvo acceso EL TELEGRAFO.
Los funcionarios aduaneros permitieron el ingreso de distintas mercaderías al país en forma irregular. Generalmente eran bolsones con ropa y plantines. “En todos los casos se omitieron los contralores aduaneros pertinentes a cambio de la percepción de un beneficio económico por los funcionarios encargados”, dice el acta.
El modus operandi
R.O. llevaba en vehículos de su propiedad a personas que querían hacer compras en Buenos Aires, particularmente ropa que compraban en la feria “La Salada” y en comercios de los barrios Avellaneda y Once. El pasaje a Buenos Aires costaba 1.200 pesos ida y vuelta. Cuando los compradores volvían al norte, dejaban los bolsos en un depósito en Colón, y regresaba el vehículo solamente con los pasajeros, como si hubiera sido un viaje de turismo. Después, R.O. coordinaba con su hermano C.O. y su cuñada F.I. (que también tenían servicio de viaje de compras a Buenos Aires) la forma de traer los bolsos hasta Paysandú. Este matrimonio tenía varias formas de cruzar la mercadería por el puente internacional General Artigas. Una era traerla en distintos viajes en sus propios vehículos, y otro era utilizar --pago mediante-- el servicio de “bolseros”.
Claro que para esto, previamente “arreglaban” los cruces con los aduaneros R.P., C.R. y J.S., con los de Barrera Sanitaria A.G. y C.T. y con M.C., de Pasos de Frontera. El arreglo consistía en la entrega de diferentes sumas de dinero dependiendo de lo que “pasaba”, si era ropa o plantines. Esta cantidad la entregaban los compradores de la ropa en Buenos Aires cuando esperaban la llegada de los bolsos a Paysandú o quienes estaban interesados en los plantines. A veces se les entregaba el efectivo al cruzar el puente, y otras veces se hacían giros por alguna de las dos empresas mencionadas. Una vez en tierras sanduceras, la mercadería era llevada a casa del matrimonio, y de allí se distribuía a las personas que la habían comprado o bien al puesto de venta de ropa que tenían en el “bagashopping”.
telÉfonos “pinchados”
La forma de “trabajo” no solo surge de las declaraciones de los propios implicados, sino también de las escuchas telefónicas efectuadas por policías sanduceros. Es que la sede penal solicitó, amparándose en el artículo 5º de la ley 18.494, los reportes de las empresas Antel, Claro y Movistar. En esos informes estaban las llamadas entrantes y salientes de los sospechosos que tenían los teléfonos intervenidos, y en algunos casos se contaba con la transcripción certificada de lo conversado en esas llamadas.
En conocimiento de esos detalles, que incluían las fechas, también se les pidió a las empresas Abitab y Red Pagos información sobre remitente y destinatario de giros hechos, donde figuraban los nombres de los presuntos implicados. La lista terminó de convencer a los investigadores que efectivamente estaban ante un caso importante.
A juez y a la cárcel
Con todos esos datos en su poder, y las declaraciones de los mismos implicados, que en muchos casos no pudieron negar su participación ante las pruebas presentadas, la Fiscalía solicitó a la jueza Ramos el procesamiento con prisión de los implicados, como diéramos cuenta en nuestra edición del pasado jueves 15, argumentando los delitos de cohecho calificado y contrabando. Todos fueron alojados en la cárcel, excepto el aduanero jubilado por tener más de 70 años.