Locales | 25 Mar Fue aprobado con el voto unánime de los ediles presentes el proyecto de decreto elaborado por el edil colorado Álvaro Alza, con modificaciones introducidas acorde a consultas con él, por los integrantes de la Comisión de Legislación. De esta forma la Junta Departamental entrega al Ejecutivo un texto ordenado para la devolución de los vehículos (tanto sean motos como automóviles u otros rodados), debiendo retornar al cuerpo deliberativo --si así se entiende pertinente-- puesto que como hay montos de valores a imponer se debe contar con la iniciativa de la Intendencia.
Alza comentó a EL TELEGRAFO que “ello debe ser así en vista de que contiene algunas exoneraciones que requieren de la iniciativa del intendente, sin tener un plazo determinado para su procedimiento. En realidad lo enviado es la sugerencia de que se ‘haga propio’ el tema, no es todavía un decreto por aquellas potestades que la Constitución le otorga al Ejecutivo Departamental”.
“Es un texto que prevé la devolución responsable de los vehículos incautados por la administración, problema de larga data que ha generado una serie de problemas que son públicos y notorios, el faltante de partes, el propio deterioro que determina responsabilidades a la Intendencia como depositario y aquellos ciudadanos que ven frustradas sus expectativas legítimas de recuperar su rodado. Sobre todo por las cargas económicas que no se condicen con el valor real del vehículo, especialmente en el caso de ciclomotores y motos”.
Recordó que “al asumir la administración Bentos hubo expresiones públicas de compromiso de devolución de motos y también se informó que se estudiaba un proyecto para ello. Por lo tanto nosotros consideramos oportuno presentar este texto al ver que era un reclamo de ediles de los partidos políticos con representación en la Junta la devolución de estos vehículos”.
Se fijan las condiciones
El mocionante señaló que “el proyecto de decreto fija las condiciones en que la administración debería hacer esa devolución con orden y de acuerdo a una regularidad que permita a aquellos vehículos que estén en condiciones de circular, retornar a sus propietarios. Es así que se prevé que aquellas personas que justifiquen la propiedad del rodado, con libreta respectiva, compromiso de compra-venta y demás, podrán ejercer este derecho mediante un mecanismo que determinaría la exoneración del impuesto de Patente de Rodado por el tiempo en que no estuvieron circulando. También que el monto de las multas sea reducido y a estos efectos también se prevé un mecanismo que establece un tope: no se podría superar el 25 por ciento del valor real del vehículo al momento”.
Alza sostuvo que estas disposiciones “de alguna manera procuran también que el propietario tenga interés en el rescate del bien, porque recordamos que se trata de vehículos de bajo valor y necesariamente depreciable con el paso del tiempo, así como en las condiciones de depósito en que se encuentra. Se hizo en la medida que nosotros no tenemos conocimiento de que haya un proyecto de devolución de la IDP, así como el director de Tránsito manifestó públicamente que la legislación (sobre vehículos incautados) había cambiado con la sanción de la Ley 18.791 que faculta a las administraciones departamentales y al Ministerio del Interior a rematar estos vehículos”.
La ley faculta pero no obliga
El edil colorado señaló especialmente que “la nueva Ley 18.791, que también hemos estudiado y explicado en la Comisión de Legislación de la Junta Departamental que compartió nuestro criterio, ‘faculta’ pero no ‘obliga’ a la administración que --en primera instancia-- debe convocar al propietario para que recupere su vehículo y si éste no ejerce su derecho, recién ahí se activarían los mecanismos de remate público. Además en esa segunda instancia también se debe proceder, por sede Judicial a convocarlo por edicto para que ejerza sus derechos”.
“Sin embargo la ley no establece en ninguna parte en qué condiciones el propietario va a recuperar el bien. Por lo tanto con este proyecto de decreto nosotros lo que hacemos es dar un marco a la administración departamental para que se recuperen los vehículos y además en qué condiciones, pero que se liberen aquellos rodados que se encuentren en condiciones reglamentarias para circular y eso a nuestro entender es muy importante para seguridad de toda la población de Paysandú”.