Opinion | 27 Mar Un proyecto de ley impulsado por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) y apoyado por los ministerios de Interior y Transporte y Obras Públicas, además de las direcciones de tránsito de las intendencias de todo el país, prevé duras sanciones a infracciones de tránsito comunes como circular sin casco o cinturón de seguridad, y pena severamente el conducir con índice de alcohol por encima del admisible.
La uniformización de las multas y otras sanciones en materia de tránsito es una materia pendiente en un país en el que hasta ahora, cada intendencia disponía sobre estos y otros aspectos a su antojo. Incluso, históricamente ha sido usual que personas a las que se les ha retirado la libreta de conducción en un departamento la tramitaran en otro sin problema.
En el correr de los últimos años las Direcciones de Tránsito de las intendencias han estado trabajando en temas de este tipo y arribando a necesarios consensos para hacer que en un país de reducidas dimensiones geográficas y pocos habitantes como el nuestro, finalmente todos nos manejemos con el mismo criterio en una materia que tantas vidas cobra mes a mes en cualquier punto del territorio.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a consideración del Parlamento propone un sistema común de valores de sanciones para las infracciones y ataca de lleno los incumplimientos más frecuentes, como es la falta del uso de casco y cinturón de seguridad --regulado por una ley nacional--, así como el flagelo que significa para la seguridad vial la existencia de personas que conducen alcoholizados.
A modo de ejemplo, la falta de uso de casco por parte de motociclista y cinturón de seguridad en automotores se multa con algo más de 3.400 pesos (6 UR) por persona la falta de uso de casco, mientras que un conductor deberá pagar unos 20 mil pesos (35 UR) si la alcoholimetría realizada verifica que la concentración de alcohol es mayor a 0,3 gramos por litro de sangre. En tanto, quien se rehusare a realizarse los exámenes se le retendrá la licencia y se le aplicará una multa de hasta 100 UR (unos 55.700 pesos).
Es un buen principio, aunque cabe cuestionarse si el imponer sanciones tan elevadas no termina siendo un factor de incentivo para la corrupción, como ocurre tan frecuentemente en otros países de la región, por aquello que el infractor prefiere pagar lo que sea “al contado” al funcionario que lo halló en falta con tal de no recibir el castigo exagerado que le corresponde.
Aún así, es de esperar que en el tratamiento parlamentario del tema, nuestros legisladores mantengan el espíritu del proyecto de ley que es no sólo uniformizar las sanciones sino también endurecerlas como forma de que sean ejemplarizantes.