Opinion | 29 Mar Con muy buena disposición, recientemente el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca vino a Paysandú a efectos de exponer sobre la situación del sector citrícola en el Uruguay, en una jornada en la que Tabaré Aguerre hizo un compendio de los factores multicausales que determinan que la citricultura uruguaya atraviese uno de los momentos más difíciles de su historia.
Lamentablemente el secretario de Estado, si bien puso sobre la mesa una serie de aspectos que son inherentes al desfavorable escenario internacional y problemas de rendimiento en los cultivos, como por ejemplo la vejez de las plantas respecto a los montes de los competidores directos, además del desfasaje entre las variedades que tienen mayor demanda en los mercados y las que se cultivan en nuestro medio, no puso el mismo énfasis en la responsabilidad del Estado en el costo país en esta sostenida erosión de la rentabilidad que padecen los empresarios del sector.
En los últimos años se incrementó la pérdida de competitividad de los cítricos uruguayos frente a los de los principales países productores del Hemisferio Sur, como son Chile, Perú y Sudáfrica, entre otros.
Estamos por lo tanto ante un proceso sostenido, con una tendencia que no se ha revertido, en tanto la producción de los referidos países ingresa a la Unión Europea, el principal mercado, con arancel cero. En cambio la fruta uruguaya, en el mismo mercado, ingresa pagando un arancel de 12,5 por ciento precio mayorista, pero de perderse las preferencias arancelarias pasará a pagar entre el 16 y el 17,5 por ciento.
También es cierto, como sostiene Aguerre, que Uruguay está negociando el ingreso de los cítricos a Estados Unidos, con un trámite avanzado si se tiene en cuenta que se ha superado el análisis de riesgo, pero aún resta algún paso interno para ser autorizado a ingresar.
Ya a mediados del año pasado el gobierno había considerado que la apuesta a que se abra el mercado de cítricos en los Estados Unidos para 2012 apuntaba a ser la única “solución” para la situación del sector en el corto plazo en nuestro país, pero sin dudas que esta posibilidad no es la panacea ni muchos menos en esta problemática, aunque sería un buen paliativo.
El ministro no trajo soluciones para el corto plazo, --tampoco dijo que lo haría— y solo formuló una serie de acciones y recomendaciones a llevar adelante en el mediano y largo plazo, cuando evidentemente ante una coyuntura de esta gravedad el problema está dado en si habrá condiciones para que estas agroindustrias, por lo general fuertemente endeudadas y con poco margen de maniobra para las inversiones que se requieren, puedan sobrevivir hasta que comience a revertirse la situación.
El gran desafío para la producción radica en abatir los altos costos internos y una serie de factores se conjugan para erosionar la competitividad, los que ya han costado el cierre de una planta en Paysandú, así como dudas sobre la continuidad inmediata de alguna otra empresa y una gran cuota de incertidumbre par el futuro inmediato.
Hay empresas de la franja citrícola de Paysandú y Salto que tienen una ecuación económica muy comprometida, porque les resulta harto difícil enfrentar la pérdida de competitividad, el encarecimiento de la mano de obra y los costos fijos.
Los cítricos no escapan a la constante de que es cada vez más caro para nuestros empresarios producir –los salarios han aumentado en dólares, al igual que otros insumos y servicios del Estado—y se reciben menos pesos por dólar que ingresa por la misma producción.
Lamentablemente, en el gobierno centran prácticamente todas las expectativas en el mercado estadounidense, pero la nación norteamericana sigue demorando el ingreso, porque en realidad se trata de medidas proteccionistas que responden a presiones de los propios citricultores de ese país.
Estos elementos, así como la falta de un Tratado de Libre Comercio con países europeos, como tienen nuestros competidores, indican que faltan las respuestas del Estado en cuanto a las condiciones que debe proporcionar para el mejor desenvolvimiento de los sectores productivos, por lo menos en forma coyuntural, a cuenta de alguna otra medida de fondo que está faltando para que no siga desflecándose una explotación ya emblemática y que es viable por infraestructura, suelos y clima. Esto es precisamente lo contrario a lo que ocurre con explotaciones como la caña de azúcar, a la que se vuelcan decenas de millones de dólares del Estado cuando es notorio que no tiene rendimientos ni siquiera medianamente aceptables en nuestra zona para justificar este tipo de emprendimientos, que se sostienen solo por el apoyo de los recursos de todos los uruguayos argumentando razones “sociales”, como si los empleos que provee la citricultura en Paysandú y Salto se generaran en otro país.