Opinion | 27 Mar En una actividad organizada la semana anterior por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, subrayó que a través de la ley de promoción de la vivienda social, por la que se abate sustancialmente la carga tributaria para este tipo de emprendimientos, “estamos prácticamente agotando la capacidad de influir a través de las políticas públicas en el desarrollo del sector”.
El secretario de Estado instó a la vez a que los privados hagan su parte, teniendo en cuenta que existe esta batería de instrumentos en vigencia que otorgan exoneraciones fiscales a la construcción y refacción de viviendas para clase media y media baja.
La apelación de Lorenzo refiere a que hasta ahora se ha hecho un uso muy moderado del instrumento, al presentarse unos treinta proyectos que significan unas 600 soluciones habitacionales.
La iniciativa apunta a una problemática muy sensible y en sí la ley facilita a quien construye y que no tenga que financiar sus proyectos, teniendo presente que existen instrumentos como el Fondo de Garantía de Desarrollos Inmobiliarios que lanzó la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) para reducir el riesgo que los bancos asumen al prestar a pequeños inversores, es decir los que acometen proyectos para erigir entre dos y 15 viviendas.
El estímulo debe evaluarse en el contexto de que el déficit en el acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas pendientes de solución en nuestro país, como consecuencia de que se ha carecido de políticas de Estado que aseguraran la continuidad en los programas que se han intentado. Como en tantas otras áreas, cada gobierno ha traído su propia fórmula, y se ha dado más en la herradura que en el clavo, lo que explica que hoy estemos con un déficit no menor a las cien mil unidades habitacionales en todo el país.
Los períodos de expansión económica, como los que vive el Uruguay desde hace ya varios años, son un buen momento para que el Estado promueva respuestas activas a esta situación, en forma criteriosa, como generador de acciones que impliquen la coparticipación con privados y naturalmente de los propios interesados.
Hasta ahora se está todavía muy lejos del empuje que se requiere para encarar un sostenido proceso de reversión del déficit habitacional.
Ello requiere programas viables, con la adecuada identificación de objetivos y financiación, además de promover sin excepciones el retorno de recursos en determinado período para reciclar el dinero en beneficio de nuevos aspirantes a contar con su techo propio.
Es notorio que se requiere un proyecto nacional que ataque el problema con instrumentos desde varios frentes, es decir por un lado el Estado con programas que impliquen una cuota de subsidio y aporte de trabajo para sectores que realmente no tienen capacidad de repago, la participación activa de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua mediante la agilización de los préstamos y un aumento de la cuota de recursos, así como la coparticipación privada en emprendimientos destinados a sectores medio y medio bajos de la población que no están en condiciones de comprar o construir su casa por el alto costo de la construcción y la falta de créditos en montos y plazos razonables para este fin.
En este contexto surge como un elemento positivo que se haya reglamentado en agosto del año pasado la Ley de Promoción de la Vivienda Social, la que apunta a habilitar, fomentar y promover la participación del sector privado mediante la inversión en la vivienda a sectores de ingresos medios y medios bajos. Una de las posibilidades que ofrece es financiación para pequeños y medianos inversores que desarrollen proyectos de vivienda de interés social, incluyendo beneficios tributarios a la construcción y a la refacción de viviendas para su puesta a la venta o alquiler.
En los poco más de siete meses en que lleva habilitado este instrumento, los treinta proyectos presentados no llegan todavía a colmar las expectativas, con el agravante de que solo diez proyectos provienen del Interior. Pero estamos hablando todavía de poco tiempo para los objetivos que se promueven, aunque siempre es necesario ir evaluando resultados y eventualmente incorporar cambios para que se constituya en un instrumento a tono con las necesidades de vastos sectores de la población, sobre todo porque la realidad indica que por lo menos un cuarenta por ciento de los uruguayos tiene serias dificultades de acceso a la vivienda.