Opinion | 05 Abr Con indisimulada satisfacción fue recibida por integrantes del gobierno la noticia de que la agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P) volvió a otorgar a Uruguay el grado inversor (investment grade), la máxima categoría de confianza en cuanto al repago de su deuda, categoría con la que el país contaba hasta febrero de 2002, cuando la perdió debido a la corrida bancaria y la consecuente crisis.
S&P subió la nota de la deuda soberana de Uruguay de “BB+” a “BBB-”, otorgándole el grado inversor mínimo según su escala de rating, el que era reclamado desde hace meses por portavoces del equipo económico, apostando a que hubiera un reconocimiento internacional a la política macroeconómica desarrollada por la actual administración.
Incluso el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, había formulado este reclamo hace varios meses en una conferencia al margen de la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señalando que el país debería estar “cómodamente” en el grado inversor.
A su vez el vicepresidente de la República, Danilo Astori, se mostró muy “contento” con la noticia y dijo a El País que “Standard & Poor’s está reconociendo lo que el mercado había reconocido hace tiempo”.
Para Astori la mejora en la nota de la deuda “confirma la trayectoria” de la política macroeconómica y que además se suma a otras “cosas buenas” de 2011 como “la caída de la pobreza e indigencia”.
Evidentemente es una buena noticia para Uruguay, aun cuando como señalara Lorenzo, ya los mercados habían reconocido este nuevo escalón en los hechos. Corresponde a la vez dar un contexto a esta calificación para nuestro continente, por cuanto Uruguay se ha convertido de esta forma en uno de los seis países latinoamericanos que han alcanzado este nivel, como es el caso de Brasil, Chile, Perú, Colombia y México.
Quedan en el último escalafón Ecuador, que dejó de pagar su deuda en diciembre de 2008, y lo sigue Argentina, que entró en cesación de pagos en 2001 y que ha salido ahora desesperadamente a obtener un superávit en su balanza comercial, restringiendo a mansalva las importaciones, porque como consecuencia de su rebeldía económica ahora no tiene crédito en el exterior. Bolivia y Venezuela están relativamente mejor, y cerca del grado que ahora adquiere Uruguay está también Paraguay. Es importante también destacar que este logro se obtiene en base a la seriedad con que el país manejó su macroeconomía, no en este gobierno sino desde la crisis misma de 2002, cuando precisamente Uruguay perdiera tal categoría producto de la debacle económica. Esto es así porque tal como lo reconociera el actual vicepresidente de la República, Cr. Danilo Astori, en aquél momento se definieron las políticas que debían seguirse para superar la situación, que no eran precisamente dejar de pagar los compromisos internacionales, romper con el Fondo Monetario Internacional ni nada de lo que muchos radicales –y no tanto-- exigían que hiciera el gobierno del Dr. Jorge Batlle. Astori fue luego ministro de Economía durante la Administración Vázquez, y continuó la línea trazada que ya estaba dando muestras de éxito, siguiendo una suerte de política de Estado a la que le dio su propia impronta. Ya a mediados del primer período frenteamplista había quedado claro que se había hecho lo correcto, y que de haber seguido las exigencias radicales, hubiéramos terminado mal, mucho peor que lo que está hoy Argentina, y más temprano.
Ahora, este ascenso de la calificación de Standard & Poor’s es clave en la diferenciación del país en momentos de avatares financieros. Todo indica igualmente que con la decisión no se prevé una reducción significativa en el costo de fondeo del país, pero sí un aumento en la base de inversores que pueden invertir en deuda uruguaya, teniendo en cuenta que hay fondos de pensión que solamente pueden invertir en activos que tengan grado inversor y ahora podrán colocar su dinero en bonos de Uruguay.
Esta calificación además es muy tenida en cuenta por algunos inversores, tanto cuando la nota es buena como cuando es negativa. Por lo tanto, es de esperar que Uruguay esta vez se vea beneficiado por la categorización de esta calificadora, que tanto mal le hiciera cuando le restara su apoyo en plena crisis de principios de siglo. Nos llevó una década volver a ser reconocidos; ahora es tiempo de alegrarnos y cosechar el fruto de diez años de trabajo, y procurar no cometer errores en el futuro, porque muy cerca tenemos el ejemplo de que lo que suena bien a los oídos de las multitudes, tarde o temprano le cuesta mucho más caro al país, y por lo tanto, a su propio pueblo.