Opinion | 02 Abr Poco después de iniciado su mandato, el ex presidente Tabaré Vázquez reconoció que uno de los problemas más acuciantes en el desarrollo del país --para la captación de inversiones y para el propio bienestar ciudadano-- era la estructura del Estado, y por lo tanto anunció que promovería la “madre de todas las reformas” para tener un Estado acorde a las dimensiones y necesidades del Uruguay.
Pero pasaron los años y la anterior administración no reformó absolutamente nada que valiera la pena en el Estado, sin haber siquiera arañado la cáscara, por lo que esta deuda quedó pendiente para el siguiente gobierno, que recayó por decisión de la ciudadanía en la misma fuerza política, conducida esta vez por José Mujica.
Durante su campaña electoral, el actual presidente subrayó una y otra vez que el país resulta inviable si no se reforma el aparato del Estado, tanto desde el punto de vista estructural como de gestión. Pero reformar el Estado quiere decir muchas cosas, y si bien la enorme mayoría de los ciudadanos está de acuerdo con que deben modificarse numerosos aspectos en ese ámbito, el gran obstáculo lo constituyen las corporaciones de funcionarios públicos que históricamente se han opuesto radicalmente a que de alguna forma pueda amenazarse su condición de trabajador público, con inamovilidad incluida, beneficios y condiciones de trabajo sin exigencias.
Así, la Administración Mujica pregonó que iba a lograr modernizar una estructura estatal vetusta e ineficiente, con exceso de gasto, corporativismos, super burocracia e improductividad de los funcionarios, pero tras dos años se ha ido desgastando este entusiasmo ante la contundencia de los hechos, lo que es reafirmado por el hecho de que varios de los grupos que rodean al mandatario integran o mantienen fuertes lazos con la central sindical. Actualmente el Poder Ejecutivo negocia con COFE los términos de la nueva ley que regulará el trabajo de los funcionarios públicos en la Administración Central, y ya el gobierno ha advertido que aunque no haya consenso el proyecto será remitido al Parlamento para su aprobación en el primer semestre del año, por lo que todo indica que esta iniciativa forma parte de un intento de la fuerza de gobierno por encarar un plan de transformación del Estado que tiene en sus primeras etapas la inclusión de cambios en el estatuto de los funcionarios públicos que se desempeñan en la Administración Central.
En el Presupuesto Quinquenal se incluyeron los primeros pasos para la reestructura administrativa de los funcionarios estatales, pero las etapas más importantes y las realmente transformadoras empezarán a ser discutidas este semestre, incluyendo la propuesta para reformar el estatuto del funcionario.
Ya desde esferas del gobierno y a través del propio Mujica se ha dejado entrever que la reforma no va a ser tan veloz ni tan a fondo como se dijo al principio, ante la resistencia que se ha encontrado en los sindicatos estatales, y así el presidente dijo en su momento que “sin la colaboración de la gente que trabaja en el Estado no vamos a hacer otra cosa que multiplicar las tensiones”.
Este razonamiento del mandatario traducía sin dudas mucha candidez o tal vez la esperanza de que los sindicatos van a aceptar, acompañar o no oponerse a disposiciones que en alguna remota forma puedan afectar su situación.
Recientemente el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, dijo a Últimas Noticias que el gobierno está “convencido” de que se deben negociar las modificaciones con COFE.
Sin embargo, aclaró que si no se alcanza un acuerdo con los representantes de los trabajadores estatales, la iniciativa igual será enviada al Parlamento para su tratamiento.
“Se ha iniciado una etapa de negociación, pero quiero aclarar que negociación no significa que tengamos que acordar”, reafirmó el jerarca, lo que al fin de cuentas abre una modesta expectativa respecto a que el gobierno igualmente pretendería avanzar con o sin el consentimiento de los sindicatos. Es que éstos han sido creados para defender los intereses de los funcionarios que los integran y no el interés general, que sí debe ser defendido por el gobierno, que es de todos los uruguayos y no solo de los que trabajan dentro del Estado.
Por lo tanto, es deber del gobierno velar por el interés del país, de todos los ciudadanos, de los funcionarios públicos y de los muchos más que no lo son. La forma insoslayable de avanzar realmente en la modernización es transformar nuestro arcaico Estado, se oponga quien se oponga, para no seguir solo aferrados a los enunciados sobre lo que se debería hacer, sin que ningún gobierno se anime a encarar las transformaciones que se han estado postergando desde hace décadas.