Opinion | 07 Abr Sabido es que las condiciones laborales en el ámbito del Estado son muy diferentes a las del trabajador privado en cuanto a exigencias, régimen horario y estabilidad, desde que rige por ejemplo en los hechos la inamovilidad, es decir grandes dificultades para el despido del involucrado, salvo faltas graves e ineptitud, tras los sumarios correspondientes y siempre y cuando los jerarcas estén decididos a llevar a delante las acciones hasta el final.
En su momento este régimen fue pensado para que los funcionarios no estuvieran sometidos en cada proceso electoral a las decisiones arbitrarias de los nuevos gobernantes, pero las exigencias fueron al fin de cuentas evolucionando a una extrema elasticidad y permisividad.
No puede extrañar por lo tanto que los gremios de funcionarios públicos se aferren con uñas y dientes a no perder la condición de funcionarios del Estado, y se opongan terminantemente a cualquier concesión, asociación, venta parcial o total de alguna empresa pública que implique quedar bajo el derecho privado.
Pero siempre hay abusos que se agregan a estas condiciones beneficiosas, y tenemos así que últimamente se ha detectado que los excesos en materia de licencias médicas van creciendo sostenidamente, es decir por encima del “abuso regular” que se da dentro del Estado.
De acuerdo a lo manifestado por el prosecretario de la Presidencia de la República, Diego Cánepa, a El País, preocupa al Poder Ejecutivo el crecimiento de las inasistencias médicas y consecuente causal de sumario en la Administración Central, por lo que se pasará a analizar las razones y se tomarán medidas para que las cifras bajen.
Las inasistencias médicas abusivas fueron la causal principal de los procesos sumariales de los años 2009 y 2010 dentro de los trabajadores del Estado, representando un 60 por ciento en las mujeres y un 40 por ciento en los hombres. Cánepa evaluó que estas personas en muchos casos tienen enfermedades reales “pero en muchos casos también supuestas”.
Ocurre que para que ello sea así no solo debe darse la maniobra del funcionario para tener la justificación de su falta, sino también desde el punto de vista del facultativo una extrema benignidad, por así decirlo, para expender licencias médicas, por lo que la investigación debería encaminarse no solo hacia el ámbito interno de las dependencias estatales, sino además promover alguna regulación para que los médicos no puedan extender con tanta ligereza los certificados de enfermedad.