Paysandú, Lunes 16 de Abril de 2012
Rurales | 14 Abr La Prosecretaría de la Presidencia de la República y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), mantuvieron una reunión con el Congreso de Intendentes para evaluar la respuesta jurídica conjunta que emitirán frente a la acción de inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) presentada por una empresa forestal.
La Comisión Sectorial de Descentralización se reunirá el lunes 16 de abril para delegar en la OPP la defensa de la constitucionalidad del impuesto, confirmó el intendente Omar Lafluf.
El prosecretario Diego Cánepa explicó en conferencia de prensa que la acción de inconstitucionalidad fue presentada ante la Suprema Corte de Justicia por una empresa vinculada a la forestación. El mecanismo tributario aprobado por el Parlamento en 2011 permitirá la financiación de la caminería rural departamental.
“Lo más importante es el destino --del impuesto--, dijo. Las 19 intendencias vuelcan la recaudación en un fideicomiso de 450 millones de dólares en tres años para ejecutar un plan de vialidad departamental en dos años”, señaló Cánepa.
La Asociación Rural del Uruguay (ARU) promueve que los productores presenten estos recursos de inconstitucionalidad. Cánepa destacó que se trata de un 2,5% aproximado de personas con 2.000 hectáreas o más.
El director de la OPP, Gabriel Frugoni, explicó que los 150 millones de dólares anuales del ICIR en el fideicomiso pagarán la caminería a través de un sistema de regionalización de los recursos. En referencia a este punto, señaló que la OPP envió un proyecto al Congreso y que el diálogo entre las instituciones concluirá en breve con un acuerdo sobre la regionalización de los recursos.
Por su parte, el intendente de Canelones, Marcos Carámbula, indicó que en esta reunión “se avanzó sobre el compromiso para desarrollar la caminería rural a través de estos recursos y el trabajo de regionalización del país”.
La Comisión Sectorial de Descentralización es un organismo colegiado presidido por el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, e integrado por seis comunas, seis ministerios y la OPP. Dispone de una comisión de caminería, una comisión de alumbrado público y otra comisión de patentes. En la conferencia, Lafluf informó que este lunes se reunirán para delegar en la OPP la defensa del tributo a la concentración de tierra.
“Vamos a defender el destino de esos recursos. Tanto los productores como la gente del Interior saben que se corre un serio riesgo de no poder sacar la producción de los campos. El medio rural necesita una inyección de este tipo”, dijo Lafluf. El jerarca destacó que, de no haber una acción rápida y de un monto importante, el país corre “serios riesgos de no poder aumentar la producción como ha venido haciendo hasta ahora”.
Lafluf señaló que solamente en Florida hay 4.000 kilómetros de caminería rural. Si se cuenta toda la caminería profunda del Interior, hay “decenas de miles de kilómetros en los que hay que dar respuestas”, afirmó. “Hay que defender esto, por el bien de la producción del país”, indicó.
En tanto, el intendente de Colonia, Walter Zimmer, sub-rayó que filosóficamente está en contra de la acción de inconstitucionalidad. “Nos llama la atención que en un país productivo los más poderosos hagan este tipo de planteos que pone en riesgo al 95% de la producción del país”, dijo.
Además de Carámbula, Lafluf y Zimmer, participaron de la conferencia: los intendentes de Florida, Carlos Enciso; de Rivera, Marne Osorio; de Flores, Juan Falero; y de Soriano, Guillermo Besozzi, quienes se mostraron de acuerdo en explicar que “sin una fuerte inyección de recursos” el país corre serios riesgos de detener el crecimiento. “Con excusas jurídicas se quiere reeditar viejas concepciones políticas en el país”, concluyó Diego Cánepa.
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