Opinion | 15 Abr En Uruguay existen aproximadamente 800.000 personas con algún tipo de discapacidad y en 2010 se aprobó una ley para su protección integral, la cual aún no ha sido reglamentada. Si bien esto es algo que preocupa, no llama la atención puesto que la anterior ley sobre discapacidad era de 1989 y nunca fue reglamentada.
No obstante, el movimiento social de la discapacidad ha crecido en los últimos años y es de esperarse que las personas con discapacidad y sus familiares esta vez puedan encontrar caminos más rápidos y fáciles para recordar a nuestros legisladores y gobernantes que tienen trabajo por hacer en este tema.
Por otra parte, el pasado 30 de marzo entró a regir un nuevo Plan Nacional de Equiparación de Oportunidades y Derechos de las Personas con Discapacidad puesto en marcha por el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis), organismo en el que recientemente asumió como directora María José Bagnato. El referido plan enfatiza en la equiparación de oportunidades y, en este contexto, existe gran preocupación por la falta de cumplimiento entre los organismos públicos en lo que refiere a la contratación laboral de personas con discapacidad.
Entre otros temas, la ley 18.651 establece que al menos el 4% de las vacantes generadas en diferentes organismos deben ser ocupadas por personas con alguna discapacidad. Sin embargo, la mayoría de ellos está en incumplimiento sin habérsele aplicado ninguna sanción.
Según la ONSC, en 2010, la Administración Nacional de Salud del Estado (ASSE) y la Intendencia de Soriano fueron los organismos estatales que generaron más vacantes para personas con discapacidad (un total de 17) y ninguna fue ocupada. Quienes sí cumplieron fueron las intendencias de Canelones y Salto.
La falta de cumplimiento y sanción desde el propio Estado, así como la falta de reglamentación de dos leyes, hablan a las claras de que algo no está bien. En un tema tan sensible como el trabajo para estos conciudadanos, no se puede borrar con el codo lo que se escribe con la mano. Existen personas con discapacidades físicas y gran preparación que pueden prestar un servicio útil a su comunidad pero están siendo discriminadas por quienes tienen la obligación de darles la oportunidad que les corresponde por ley. Algo que debe corregirse de inmediato.