Opinion | 18 Abr El envejecimiento poblacional mundial tiene una diversidad de grados que depende del país de que se trate, y mientras en naciones desarrolladas ya es una problemática que tiene connotaciones no solo respecto al futuro cercano sino que forma parte de una actualidad insoslayable, en el caso del Tercer Mundo se percibe como un escenario más lejano por la composición de sus franjas etarias.
De todas formas tiene proyección en una diversidad de áreas y expresa un condicionamiento en las políticas de cada país, desde que este envejecimiento conlleva además sostener un esquema de prestaciones sociales muy bien estructurado para atender la calidad de vida de los grupos de mayor edad, y conlleva desafíos para soportar un esquema previsional cada vez más exigido.
En nuestro país el tema está en la agenda del Diálogo Nacional de Seguridad Social y se tratará este año. Un aspecto que será motivo de arduo debate es sin duda la sustentabilidad financiera de la seguridad social, en tiempos en que la esperanza de vida ha aumentado sensiblemente y ya hay ejemplos de países europeos en los que funcionan sistemas de seguridad social muy generosos en los que igualmente se está instrumentando un aumento de la edad mínima de retiro por encima de los 65 años, en tanto en Uruguay se mantiene en 60, con estímulos para ir “estirando” el pasaje a la pasividad. En su reporte de Estabilidad Financiera Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó esta semana que los costos del envejecimiento “ya son enormes” y estimó “esencial” permitir que la edad de jubilación “aumente a la par de la longevidad esperada”.
También el presidente José Mujica había alertado acerca de este escenario en diciembre y consideró que “vendrán gobiernos que tendrán que elevar la edad de jubilación y a nadie le va a gustar y todos van a patear, y no va a ser este gobierno, pero los futuros sí, no se escapan. No sé cuál será, porque va a caer tanto la capacidad de aportes que cada vez será mayor la demanda”.
El planteo presidencial, muy realista, se lanza justamente cuando la bonanza económica que vive el país ha permitido que haya mayores aportes al Banco de Previsión Social (BPS) y ha mejorado la relación activo pasivo por un mayor empleo y formalización del trabajo, lo que implica mejorar la situación financiera del BPS, en tanto hay amplios sectores cubiertos por las Administradoras de Fondos Previsionales (AFAP) que vierten ahorros a sus propias cuentas personales para asegurar un retiro en mejores condiciones.
En cuanto a la situación demográfica, según datos de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social nuestro país se ubica entre las naciones con mayor proporción de personas por encima de los 60 años sobre la población total. En los hombres representan el 18,4% y en mujeres el 13,9%. Solo están por encima España y Portugal. A la vez, Uruguay tiene uno de los mayores niveles de cobertura (cercano al 87%), lo que es positivo pero también plantea el desafío de mantener ingresos para pagar las pasividades.
En los últimos tres años se jubilaron cerca de 98.000 personas en Uruguay (un 24% del total), ya que la cantidad de jubilaciones casi se triplicó desde 2009. La edad promedio de retiro es superior al mínimo legal de 60 años en la causal vejez (la más común). Desde 2003 es superior a los 62 años, según datos del Banco de Previsión Social a los que accedió El País.
El presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro, es partidario de un debate “que no solo se centre en la edad de retiro”. Sostuvo que “hay países donde la edad legal es 65 años pero la gente se jubila a los 58”, y que en otros se puede combinar la edad de jubilación con usos de seguro de paro prolongados por dos o tres años.
Otros aspectos sobre la mesa son la compatibilidad entre jubilación y trabajo y el retiro parcial, que hoy están a estudio del Ejecutivo, pero que a la vez tiene su contrapartida negativa, si se tiene en cuenta que de alguna u otra forma la prolongación en la edad de actividad cierra a la vez mercados y cercena puestos de trabajo a las nuevas generaciones, cuyos aportes sostendrán el pago de las prestaciones a los actuales pasivos. El envejecimiento de la población europea y la crisis fiscal de varios países empujaron a muchos gobiernos del viejo continente a retrasar la edad de jubilación mínima requerida, como es el caso de Italia, donde el gobierno aprobó --pese a la fuerte oposición de los sindicatos-- una reforma de la edad mínima, que para los hombres se eleva de 65 a 66 años en 2012 y a 67 en 2022, mientras que para las mujeres sube de 60 a 62 este año y se iguala a la masculina en 2022, en tanto algo similar ocurre en España y en menor medida en Francia y el Reino Unido.
Pero se trata de economías y tramados socioeconómicos que no son comparables, al fin de cuentas. El sistema político uruguayo y los actores directamente involucrados deben sentarse desde ya en torno a una mesa para contribuir a las soluciones que impliquen el menor trauma posible para enfrentar realidades muy complejas, donde hay conflictos de intereses naturalmente, pero para lo que cada uno debe poner de su parte a efectos de que las respuestas contemplen todas las situaciones posibles y pueda conciliarse la limitación de recursos con un sistema provisional y de seguridad social acorde a las exigencias que conlleva el envejecimiento poblacional.