Opinion | 17 Abr La Dirección Nacional de Identificación Civil continuamente recibe bolsones con cédulas vigentes para destruir. Provienen de diferentes oficinas públicas donde la gente las deja olvidadas y luego no las reclama.
La vigencia de una Cédula de Identidad oscila entre los cinco y los 10 años en la mayoría de los casos pero el descuido hace que haya ciudadanos que renueven su cédula entre 7 y 14 veces en el año.
A pesar que el último censo dio que los uruguayos somos poco más de tres millones, en 2008 fueron tramitadas 640.837 cédulas de Identidad, en 2009 fueron 556.144, en 2010 575.627 y el año pasado 600.808.
La Cédula tiene un costo que es superior al que se cobra por el trámite (el común cuesta $ 151 y el urgente $ 302) y está subvencionada por el Estado. En tanto se otorga gratuitamente a través de los diversos planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), los trámites por primera vez en los hospitales públicos, con el Instituto de la Niñez y Adolescencia del Uruguay (INAU) y los patronatos de encarcelados y liberados.
Según expresó a Últimas Noticias el titular de la Dirección Nacional de Identificación Civil, Ruben Amato, lo que se cobra no cubre el costo de los sistemas de seguridad que tiene la cédula de identidad, para que no sea falsificada, y si no estuviera subvencionado por el Estado la identificación costaría el doble.
Una de las soluciones planteadas por el organismo fue la aplicación de una multa para el ciudadano que renueve su Cédula de Identidad más de tres veces en el plazo establecido para la caducidad del documento.
Se trata de una buena idea y la multa tendría que ser sustancial, porque las subvenciones del Estado para la expedición de la Cédula las terminamos pagando todos los contribuyentes y no resulta lógico ni aceptable que un ciudadano pierda cinco o diez veces el documento. El dinero con el que contribuye el Estado cada vez que tramita una nueva debería ser aprovechado en mejor uso. Tener un récord de renovación de cédulas de Identidad no hace más que demostrar desidia e irresponsabilidad que, como conductas personales, no tenemos por qué asumir todos en el costo que generan para el erario público.