Locales | 23 Abr Paysandú cuenta con un listado de más de 150 bienes patrimoniales, la mayoría de los cuales están ubicados en la capital departamental. En muchos casos es posible que sus propietarios desconozcan esta situación porque a pesar que el plan urbanístico de la ciudad se aprobó en 2004, aún no han sido notificados. En otros casos, son incorporaciones recientes realizadas por la Comisión Departamental de Patrimonio y Áreas Protegidas para las que resta la aprobación formal a través de la Junta Departamental.
En este momento, las consultas sobre modificaciones edilicias que recibe la Comisión vienen siendo realizadas fundamentalmente por profesionales agrimensores o arquitectos, en tanto que son aún escasas desde la población en general, según informó a EL TELEGRAFO el ingeniero agrimensor Leonardo Bulanti, quien integra la misma en representación de la Asociación de Agrimensores del Uruguay.
Distintos edificios y privados con valor arquitectónico o histórico, casas particulares, plazas, árboles y lugares naturales como el Saladero Guaviyú, Cascada del Queguay, Corrales de Abasto, flora y fauna de Rincón de Pérez, hasta los cañones de Casa Blanca, iglesias, panteones y cementerios rurales, cercos de piedra y el acervo del Museo Salesiano, conforman la lista.
LA TAREA DE LA COMISIÓN
Entre los bienes patrimoniales sanduceros hay algunos que han sido definidos por el Plan Urbanístico 2004, otros en un relevamiento realizado por la Facultad de Arquitectura en 2007 y finalmente, la Comisión ha realizado nuevas incorporaciones en 2011 y 2012.
“Lo primero que hicimos fue ubicar cada bien patrimonial, incluso en un sistema de información geográfica. Un bien puede ser protegido patrimonialmente por sus valores históricos, arquitectónicos, culturales, ambientales o paisajísticos, entre otros. A iniciativa de sus integrantes la Comisión ha venido estudiando la integración de nuevos bienes al listado, proceso que aún no se ha terminado”, dijo Bulanti.
“La declaración de bienes patrimoniales de muchos de los incluidos en el listado requiere la aprobación de la Junta Departamental aunque de hecho se consideran como tales con posterior identificación y notificación a los propietarios”, agregó.
Una etapa posterior consistirá en crear un archivo con información gráfica, información sobre permisos de construcción y fichas con información de cada uno de los bienes y los motivos por los cuales es un bien patrimonial.
La Comisión intervino en el proceso de autorizaciones y recomendaciones técnicas de la reforma de la Casa Sorondo, ubicada en 33 Orientales y Leandro Gómez, actualmente en etapa de obra. Esta tarea aportó “una experiencia sobre cómo resolver situaciones, solicitando a los propietarios que primero hicieran la gestión ante la Comisión Departamental de Patrimonio”.
Dijo que también la Comisión ha actuado en la reforma proyectada para la casa de la esquina Noreste de Zorrilla de San Martín e Ituzaingó, que tiene incrustada una bala de cañón de la Defensa de Paysandú. “En ese caso se solicitó un anteproyecto de reforma, se sugirieron elementos a conservar y también reducir el grado de protección porque consideramos que en este caso el grado 4 (máximo de protección) era excesivo”, informó.
En otros casos también se ha desafectado parte de un bien de la consideración como patrimonial. “Nos pasó con la propiedad donde hoy está la Dirección de Tránsito y hay también por Herrera una casa particular. La esquina de Herrera y Sarandí es bien patrimonial pero no toda la obra posterior que se hizo en el padrón y que se extiende hacia el Oeste donde hay unos garages y comercio. En ese caso, desafectamos la mitad del padrón para que se permitan reformas y esas construcciones posteriores no quedaran comprendidas en la protección patrimonial”.
“En definitiva, cada caso particular es estudiado en detalle. Por otra parte, aspiramos que ser un bien patrimonial, no debería ser una carga para el propietario que tiene que darle uso”, dijo Bulanti.
También han habido incumplimientos a la normativa vigente, fundamentalmente por hacer reformas sustanciales a bienes protegidos, como en el caso de una farmacia y un hotel céntricos.
El problema que se presenta ante los incumplimientos es que la normativa vigente no establece sanciones. “En la reglamentación no aparecen penas o gravámenes para el caso de incumplimientos; razón por la cual hemos propuesto que la Intendencia y la Junta estudien una escala de multas de forma tal que la Comisión tenga una herramienta para intervenir en estos casos”, explicó.
Consultado sobre la forma de ingresos de estos casos a la Comisión, dijo que algunos son derivaciones de la Dirección de Edificaciones y Planeamiento Urbano y otras han surgido por denuncias o interés de los propios propietarios.
A modo de ejemplo, comentó el caso de un propietario de Quebracho que solicitó una exoneración impositiva de su propiedad argumentando que es un bien patrimonial, lo cual está siendo evaluado.
Una obra que modifique menos del 20% del valor de una propiedad, no requiere de permisos de construcción. No obstante, aún con esas características los bienes patrimoniales que sean objeto de reformas u obras sí deben iniciar el trámite ante la Comisión Departamental de Patrimonio.
SIN NOTIFICACIÓN
Al preguntarle su opinión respecto a desconocimiento por parte de los propietarios que sus bienes son considerados patrimoniales, dijo que “es muy probable haya personas en esa situación. Desde el año 2004 está vigente el Plan Urbanístico que establece la protección de distintos bienes patrimoniales de la ciudad. No obstante, nunca se cumplió con el proceso formal de notificación, que es competencia de la Intendencia. Estamos en el tercer período de gobierno posterior a la aprobación de este plan pero aún no se han hecho las notificaciones”, dijo el representante de la Asociación de Agrimensores en la citada comisión.
No obstante, reconoció que en el actual período se puso formalmente en funcionamiento por primera vez la Comisión Departamental de Patrimonio y Áreas Protegidas. “Todavía falta aceitar el funcionamiento, para que se dinamicen los trámites y gestiones pero es la primera vez que está funcionando en serio y en conexión con la Dirección de Obras de la Intendencia, algo que es fundamental para la protección de bienes patrimoniales”.
Actualmente está integrada por funcionarios municipales que son presidente y secretario y dinamizadores formales en temas patrimoniales, representantes de las asociaciones de Agrimensores y Arquitectos del Uruguay --designados por las asociaciones y avalados por el intendente-- y ciudadanos integrantes de la comunidad sanducera que han sido elegidos por el intendente debido a su trayectoria. Cuenta con una asistente administrativa y una arquitecta designada por la Intendencia.
Una de las metas pendientes de la Comisión Departamental de Patrimonio es hacer un relevamiento físico y fotográfico de los bienes patrimoniales.