Ley de acceso y Ministerio de Turismo

Locales | 22 Abr “La ley de acceso a la información pública es un gran avance”, dijo a EL TELEGRAFO el presidente de la Organización de la Prensa del Interior, (OPI), David Rabinovich comentando la última resolución judicial sobre información del Ministerio de Turismo que ampara al periodista, como todos los ciudadanos, a solicitar información a cualquier institución pública, y por la cual el Ministerio debió darle los datos solicitados.
Si bien reconoció que el sistema “tiene algunas limitaciones”, Rabinovich dijo que “puede funcionar mejor en la medida que los que la usemos lo hagamos mejor, y los que tienen que contestar entiendan que así funciona mejor la democracia”.
Afirmó que “creo que a nivel de los asesores legales y los funcionarios que están en los ministerios desde hace 20 o 30 años les cuesta un poco porque es un cambio importante. Pero yo no dramatizo esto, me parece que es un proceso en el que vamos encaminados. No es poca cosa que uno le pregunte a un ministerio o un ente autónomo, o lo que sea, algo que es información pública y que el ministerio o la empresa pública estén obligados a responder, porque antes no era así”.
Transparencia pública
Dijo que “el reconocer el derecho de la gente a tener buena información no es un tema menor”. De todas maneras, señaló que “eso va a requerir un proceso de que la sociedad se apropie, que los jueces entiendan mejor cómo funciona, que en el Estado se organice cada Ministerio, cada ente o cada Intendencia para estar en condiciones de dar la información. Porque por ejemplo el último pedido de informes, sobre los gastos de publicidad del Ministerio de Turismo, no habría que pedirlos, tendrían que estar en la web” (en el portal de internet). Eso lo dice la ley, que habla de transparencia activa, y eso no siempre está funcionando. Recordó que en su caso, para conseguir información de la Intendencia de San José, “he tenido que hacer juicios, recursos de amparo con tres o cuatro instancias, y la Intendencia se negaba sistemáticamente a dar la información. Pero es parte de un proceso en que todos los funcionarios del Estado deben entender que así como no se pueden quedar sentados mirando una persona que está esperando en el mostrador y tienen que ir a atenderla, de la misma manera está el derecho a tener una información fidedigna, responsable, sin mala fe ni con ocultamientos”.
Algunos casos
Varios periodistas y organizaciones como el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) han debido presentar un reclamo judicial ante la negativa de un organismo público a brindar información según lo previsto en la ley. Así sucedió con los más recientes casos del Ministerio de Turismo y los gastos de publicidad de los años 2004, 2009, 2010 y 2011 con un listado de las inversiones realizadas, discriminada por años y medios, especificando cuanto se destino a medios del interior y cuanto a medios de Montevideo o el de Antel sobre el mismo tema, a la Junta Departamental de Soriano y el solicitado a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) sobre el estado de los edificios escolares.
Según lo establecido en el artículo 2° de la Ley de Acceso a la Información Pública, “Se considera información pública toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales”.
Acceso a la información
En todos los casos la justicia falló a favor de los solicitantes, y se destaca también la solicitud de información respecto al estado edilicio de los centros de enseñanza inicial y primaria realizada por Cainfo para saber exactamente la situación de un tema de particular interés.
También aquí la Justicia obligó a ANEP a brindar esa información, que no es secreta ni confidencial. Cainfo en un comunicado “celebra que en momentos difíciles como los que atraviesa el sector educativo, la ANEP haya anunciado el cumplimiento de este fallo tan trascendente para el derecho de acceso a la información pública de todas las personas en temas que hacen a su vida cotidiana. Esperemos que este juicio emblemático sirva para que la educación pública tenga en el futuro una política pública sostenida de acceso a la información para toda la ciudadanía”.