Opinion | 26 Abr La posibilidad de circular por la ciudad y hacer uso de sus lugares públicos y sitios de interés recreativo y cultural debería ser para todos. Pero no siempre lo es. Personas con discapacidades motrices o que deben usar temporalmente sillas de ruedas, muletas o bastón muchas veces no pueden ingresar a espectáculos y hasta comercios por la falta de adecuación de la infraestructura. No pueden usar un baño para clientes en un local ni siquiera circular por la vereda, quedando obligados a exponerse a los riesgos que implica trasladarse por la calle.
En Montevideo se aplican unas 1.000 multas por mes por problemas de accesibilidad y la Intendencia recibe unas diez denuncias por semana por este tema, que afecta la movilidad de personas con discapacidad así como quienes sin llegar a tenerla están en una condición de movilidad limitada. La mayoría de las multas se aplican a construcciones que no cumplen con la reglamentación u obras en la vía pública que constituyen un obstáculo.
Ahora, en la capital entrará en vigor un Plan Departamental de Accesibilidad, que se iniciará un diagnóstico calle por calle y paralelamente una comisión instalada en el seno de la Junta Departamental ideará y recibirá propuestas que mejoren la movilidad de las personas discapacitadas.
En Paysandú seguramente existe un mayor rezago en normativas que en Montevideo y por eso es que existen serios problemas de accesibilidad a muchos edificios públicos y privados de uso público. Si bien se han incorporado rampas en algunos edificios, son muchas las veredas de la ciudad que no la tienen. Por eso sería una buena idea que cuando las empresas rompan veredas en el marco de alguna obra, realicen rampas como una especie de aporte a la comunidad.
Por otra parte, de la misma forma que acontece en otras ciudades y países, debería ser obligatorio y fiscalizarse que en la construcción o reforma de nuevos edificios públicos y privados de uso público se tengan en cuenta aspectos referidos a la accesibilidad.
Tampoco podemos dejar de contemplar que no se trata exclusivamente de un tema de normas y sanciones sino de conciencia. Y en ese sentido, todos los ciudadanos estamos llamados a jugar un rol importante para que se introduzcan cambios y colaborar en el respeto de los derechos ajenos.