Paysandú, Viernes 27 de Abril de 2012
Opinion | 27 Abr El miércoles el Senado de la República aprobó por unanimidad el proyecto de ley por el que se estableció el voto doble para el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), lo que constituye un avance si lo consideramos desde el punto de vista de la importancia de generar un consenso político por lo menos en uno de los puntos álgidos que refieren a la conducción de la enseñanza en nuestro país.
Anteriormente se había estado manejando una iniciativa del Poder Ejecutivo que en los hechos establecía una suerte de triple voto para el presidente del organismo, lo que sin embargo significaba reforzar en extremo la figura del presidente y consecuentemente desnaturalizar la esencia colegiada del organismo rector de la enseñanza.
Por supuesto, ni por asomo puede pensarse que el estancamiento y retroceso de la educación en el Uruguay se deba exclusivamente a la forma en que se rige y se vota en el Codicen, pero por lo menos es un punto en el que se genera consenso político para poner ciertos mecanismos en orden, con la expectativa de que se pueda superar una serie de trabas que suelen generarse por el hecho de que está sobrevalorada la representación gremial en el Codicen, y por lo tanto se potencia su capacidad de entorpecer iniciativas que entienda la perjudica o va en contra de sus posturas ideológicas respecto a la enseñanza.
No debe perderse de vista que esta innovación sobre el voto modifica lo que se había establecido en la Ley de Educación que fuera aprobada en el anterior período, y que en los hechos esta norma no solo no ha cambiado nada para bien en la enseñanza, sino que trasladó poder a los gremios representados en los órganos de conducción, sin que a la vez se aporten las propuestas que se necesitan para actualizar la educación uruguaya en su diversidad de áreas.
El doble voto permitirá destrancar situaciones que podrían generar trabas en la conducción al organismo rector, teniendo en cuenta sobre todo que su presidente responde al poder político y que la enseñanza debe ser regida por éste, en su calidad de representativo del interés general y no de los que defienden exclusivamente sus intereses, desde que precisamente esta es la razón de ser de los sindicatos.
Apunta por la tanto a defender la institucionalidad de la ANEP, a través de la modificación del proyecto inicial del Poder Ejecutivo en la Comisión de Educación del Senado, lo que fue en las últimas horas aprobado por la unanimidad de la Cámara de Senadores.
Este modesto paso para poner las cosas bajo cierto orden no puede hacernos perder de vista que siguen sin tocarse los grandes problemas de nuestra enseñanza, la que se ha ido deteriorando con el paso de los años y junto con los problemas de deserción, sobre todo en Secundaria, se sigue perdiendo terreno en la calidad y en cuanto a la preparación para el trabajo y capacitación profesional, pese a que de acuerdo a los números macroeconómicos se ha incrementado sustancialmente en los dos últimos gobiernos los recursos que se vuelcan al sector.
Lamentablemente, ha quedado demostrado, por si alguien tenía alguna duda, que no solo con más recursos se arregla la enseñanza, la que sigue con graves problemas edilicios. Pero fundamentalmente sigue sin allanarse el terreno para llevar adelante las reformas estructurales que apunten a generar el salto de calidad que sigue pendiente.
Peor aún, parece que tampoco se ha asumido la necesidad de contar con un diagnóstico serio y las consecuentes respuestas a llevar adelante para que no siga degradándose, por lo menos.
Los gremios han dejado en claro, en cuanta oportunidad tienen, que las soluciones deben estar en sus manos, a través de la conducción de los órganos rectores, cuando la cosa es al revés, desde que son parte indisoluble del problema de la enseñanza, y no deben ser juez y parte en una conducción en la que anteponen reivindicaciones gremiales, como es el caso de los salarios y condiciones de trabajo, a la situación de los alumnos, que deberían ser el leit motiv de todos los desvelos.
El aporte docente es necesario, en su calidad de ser protagonistas directos en el esquema de la enseñanza, pero en lo que refiere a la conducción, ésta debe quedar inexorablemente en el poder político, en tanto representante de la soberanía, de todos los ciudadanos, desde el más modesto al más encumbrado, que es el destinatario de lo que se haga o deje de hacer para formar a los hombres y mujeres del mañana, materia prima para construir el futuro.
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