Opinion | 21 Abr A principios de año el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, subrayó que a través de la Ley de Promoción de la Vivienda Social, por la que se abate sustancialmente la carga tributaria para este tipo de emprendimientos, el Estado está prácticamente agotando la capacidad de influir por medio de las políticas públicas en el desarrollo del sector. Por esto el ministro instó a que los privados hagan su parte, teniendo en cuenta esta batería de instrumentos en vigencia que otorgan exoneraciones fiscales a la construcción y refacción de viviendas para la clase media y media baja.
En las últimas horas se supo que el Poder Ejecutivo aprobó desde mediados de octubre del año pasado 18 de los 33 proyectos presentados por inversores ante la Oficina del Inversor de la Agencia Nacional de Vivienda para la construcción de vivienda de interés social, mediante uso de un instrumento que contempla fuertes beneficios tributarios, para incentivar a los privados a revertir el déficit habitacional del país, que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) estima en unas 65.000 unidades pero que para otros organismos y estudios privados se sitúa en no menos de 100.000 viviendas.
Cualquiera sea el número real, estamos ante una cifra muy significativa y que demandará una fuerte acción, que no puede solo provenir del Estado, por lo que ha sido una buena decisión estimular la participación privada dirigida a sectores con menores ingresos de forma de tenderles un puente para acceder a la solución habitacional.
La iniciativa apunta a una problemática muy sensible y en sí la ley facilita a quien construye que no tenga que financiar sus proyectos, teniendo presente que existen instrumentos como el Fondo de Garantía de Desarrollos Inmobiliarios (Fogadi).
Por cierto que el déficit en el acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas pendientes de solución en nuestro país, como consecuencia en gran medida de que se ha carecido de políticas de Estado que aseguraran por lo menos determinada continuidad en los programas que se han intentado.
En sí, cada gobierno ha traído su propia fórmula, con luces y sombras que explican que hoy estemos con un déficit de entre 65.000 y 100.000 viviendas en todo el país.
Los períodos de expansión económica, como los que vive Uruguay desde hace unos años, son un buen respaldo para que el Estado destine recursos tendientes a promover respuestas activas a esta situación, en forma criteriosa, como generador de acciones que impliquen la co-participación de privados y, naturalmente, de los propios interesados.
La habilitación de la norma a que hacemos referencia es un intento sano que debe considerarse como un complemento a lo que se haga en materia de promoción del cooperativismo de vivienda, y por el propio Estado a través del Mvotma en su diversidad de programas, algunos de los cuales incluso se están instrumentado en Paysandú por convenio con la Intendencia Departamental.
Ocurre que hasta ahora la respuesta en proyectos comprende apenas poco más de 600 viviendas a través de la modalidad de empresas privadas, fundamentalmente porque una de las dificultades con que tropiezan los inversores es la falta de capital y acceso al crédito bancario y del propio Estado para financiar los emprendimientos.
Precisamente potenciales inversores han manifestado que aguardan un nuevo mecanismo de financiamiento que incluye a varios bancos de plaza, los que a la vez apuntan a contar con garantías del Fondo de Garantía de Desarrollos Inmobiliarios. A través de este sistema el Estado respalda un porcentaje del capital de los préstamos que estas instituciones otorguen a los pequeños y medianos inversores de vivienda social que no cuenten por sí mismos con avales para acceder a esos créditos en el sistema financiero.
De lograrse este respaldo adicional, estaremos ante un buen aporte a tener en cuenta cuando se requiere un proyecto nacional que realmente signifique atacar el problema con instrumentos desde varios frentes: por un lado el Estado con programas que impliquen una cuota de subsidio y aporte de trabajo para sectores que realmente no tienen capacidad de pago, la participación activa de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua mediante la agilización de los préstamos y un aumento de la cuota de recursos, así como la co-participación privada en emprendimientos destinados a sectores medio y medio bajos de la población que no están en condiciones de comprar o construir su casa por el alto costo de la construcción y la falta de créditos en montos y plazos razonables para este fin.