Opinion | 22 Abr El gobierno nacional comenzará a entregar el Premio a la Transparencia a los organismos públicos (estatales o no) que se destaquen tanto en experiencias como en innovaciones relativas a la transparencia.
El premio se instituyó a través de un decreto del Poder Ejecutivo y será entregado anualmente por la Presidencia de la República, la Unidad de Acceso a la Información Pública y la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic) y la iniciativa ha sido presentada como un refuerzo “del compromiso país con relación a la alianza para el gobierno abierto, cuyo objetivo es promover la transparencia y aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, además de combatir la corrupción”.
El propósito del premio consiste en identificar, reconocer y difundir a nivel nacional las mejores experiencias e innovaciones que las instituciones participantes lleven a cabo referente a la transparencia activa, transparencia pasiva y sistemas de información; y desarrollo de una cultura de transparencia. Se pretende así fomentar el desarrollo de dicha transparencia y rendición de cuentas como dos componentes esenciales de un gobierno democrático; además de reconocer el acceso a la información pública como un derecho fundamental de las personas.
La existencia de este premio implica también el reconocimiento de una enorme debilidad: el aparato público tiene problemas para rendir cuentas a la ciudadanía.
Hay algo que no puede pasar desapercibido y es que los destinatarios de este premio --los organismos públicos estatales o no-- son sujetos obligados por la Ley N° 18.381 de Acceso a la Información Pública, que garantiza el derecho de cualquier ciudadano a ser informado. ¿No es una contradicción dar un premio a los organismos públicos por aquello que tendrían que cumplir sin excepción por ser un mandato legal?
Si en cualquier otro ámbito de la vida democrática las leyes están para ser cumplidas y no se premia a nadie por ellas ¿está bien que lo haga el Estado? Por ejemplo, hay una ley nacional que obliga a los motociclistas a usar casco y no se ha premiado a nadie por usarlo sino que lo que se hace es sancionar a los infractores. Pues bien, lo mismo debiera hacerse con los organismos públicos que no cumplen con el derecho de acceso a la información de los ciudadanos.