Opinion | 28 Abr Lamentablemente los hechos registrados en los últimos días en las cárceles uruguayas, incluyendo el motín reciente en el Comcar, con su secuela de destrucción y daños por ocho millones de dólares --que habrán de ser reparados con el dinero de todos los uruguayos, por cierto-- confirman que estamos ante una situación de crisis que se está ahondando, pero no necesariamente por problemas locativos, sino porque no se ha encarado el tema con la decisión que se necesita, como así tampoco desprovista de prejuicios ideológicos.
La problemática carcelaria en sus manifestaciones y consecuentes reacciones indica que también en este caso ha sido necesario adquirir cultura de gobierno para hacer frente a escenarios que distan un abismo de lo que indica la teoría respecto a la posible rehabilitación de reclusos, desde que como en todos los órdenes de la vida, existen quienes tienen disposición y desean hacer lo máximo posible por rehabilitarse, pero hay otros que medran en la delincuencia, que tienen su modus vivendi en este submundo, y que no solo se están preparando para protagonizar nuevos actos delictivos cuando estén libres, sino que también dentro de las cárceles integran organizaciones que actúan en un nivel criminal que se mueve en las sombras.
Estos elementos deben sopesarse a la vez con otros aspectos que deben tenerse presente a la hora de evaluar la situación, y considerar por ejemplo que también inciden funcionarios venales y los propios familiares que les hacen “el favor” a los reclusos de ingresar armas, drogas y otros elementos que contribuyen a distorsionar y generar situaciones tan lamentables como las de las últimas horas.
Una manifestación de la “cultura de gobierno” a la que nos referíamos surge de la decisión del presidente José Mujica en el sentido de que el Ejército será el encargado de controlar los ingresos a los penales más importantes del país, lo que anunció luego de reunirse con los ministros de Defensa e Interior, Eleuterio Fernández Huidobro y Eduardo Bonomi, respectivamente.
Luego de dos motines, uno en el Comcar y otro en la cárcel de mujeres, y que un recluso disparara contra dos policías en el penal de Libertad, hiriendo de gravedad a uno de ellos –con resultado de muerte-, el gobierno precipitó decisiones que había ido postergando, como afectar militares a los controles de ingreso a los penales, pese a contar con una ley que lo habilita. Igualmente por ahora el mandatario no brindó detalles sobre qué penales tendrán controles militares ni cuántos efectivos serán utilizados, pero indicó que “será en los más importantes.
Hay que organizar, entrenar y brindar determinadas comodidades”.
Mujica fue incluso más lejos y en su audición radial de M24 subrayó que la pistola de nueve milímetros no fue ingresada “por el Espíritu Santo”, y si bien culpó a policías de su ingreso, dijo que la fuerza policial no debe cargar con la “falta de algunos”.
“Los sucesos nos llevan a hacer que se cumpla la decisión tomada ya hace tiempo. Que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la puerta de acceso. Si entra droga y entran armas, eso pasa por la puerta. Y si pasa por la puerta tenemos que tener la máxima seguridad”, indicó.
El punto es que existe desde hace tiempo una ley que dispone que las Fuerzas Armadas custodien las puertas de acceso a los penales, que el gobierno ha dilatado en su aplicación porque precisamente no existe consenso interno por diferencias conceptuales y aprensiones ideológicas respecto al papel de los efectivos militares.
El cariz que han cobrado los acontecimientos ha obrado de disparador para que el presidente decida dar este paso que, aunque tardío, revela por lo menos que se ha tomado conciencia de que se está ante un serio deterioro del principio de autoridad y que determinados grupos, incluyendo el sindicato policial, están enfrascados en una disputa que tiene mucho que ver con ocupar espacios que dejan vacíos las autoridades que deberían tomar cartas en el asunto y asumir que las cosas no son como se creía que eran, como poner exclusivamente a todos los reclusos como víctimas de situaciones sociales, y que son empujados a delinquir.
Es decir que de a poco va quedando cada vez más fuera de lugar y signada como un retroceso la nefasta gestión del ex ministro José Díaz al frente del Ministerio del Interior, cuando se aprobó la ley de humanización carcelaria, por la que cientos de delincuentes fueron liberados antes de tiempo, con amenazas y serias consecuencias para la integridad de la población, indefensa ante los malvivientes.
Es posible que el lado bueno de estos lamentables sucesos sea que por fin se asuma que no puede renunciarse al principio de autoridad y de organización institucional, que es preciso actuar con la severidad del caso donde corresponde, lo que no quita que a la vez se afecten recursos que se necesitan para la reforma del sistema carcelario, incluyendo la construcción y modernización de recintos carcelarios, por lo menos para que no funcionen como escuela de perfeccionamiento para delincuentes y sí como centros de rehabilitación y reinserción.