Locales | 30 Abr Unos 3.500 argentinos volvieron a marchar el domingo contra la fábrica de celulosa finlandesa UPM (ex Botnia) ubicada en Fray Bentos, a la que acusan de contaminar el medio ambiente y fue epicentro de una prolongada disputa binacional. La marcha, denominada “Abrazo con el río”, contó con el apoyo del gobierno de la Provincia de Entre Ríos.
Los manifestantes se instalaron con carteles y parlantes a unos 80 metros de la frontera con Uruguay y escucharon la proclama leída por el asambleísta Luis Recalde, quien reclamó que se den a conocer los informes realizados por el comité científico binacional sobre el monitoreo a UPM. “¿Cuánto más deberemos esperar?”, preguntaron al señalar que no tienen acceso al resultado de esos controles y que realizan un monitoreo propio de las aguas.
Los resultados de las campañas de monitoreo que realiza el comité científico binacional no han sido divulgados por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) debido a que la delegación argentina no permite que se libere esa información, según trascendidos. “Los análisis técnicos, las inspecciones a la planta y la sola observación de las aguas del río confirman los peores pronósticos, el río Uruguay debe ser declarado en forma inmediata en estado de desastre y deben comenzar ya enérgicas acciones para su recuperación”, sostienen los autodenominados ambientalistas.
En el puente, el tránsito estuvo cortado por Gendarmería argentina por algo más de dos horas y durante este lapso quedaron varados unos 35 autos en la cabecera uruguaya. Los vecinos de Gualeguaychú marcharon bajo el lema “Unidos por la Naturaleza” hacia el puente internacional General San Martín al cumplirse los 1.500 días de la entrada en producción de la planta.
En un comunicado, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú denuncia que “en sus 1.500 días de funcionamiento”, la planta arrojó “más de 38.000 toneladas” al aire y “más de 30.000 toneladas de tóxicos” al fronterizo río Uruguay, de soberanía compartida. Esta fue la octava marcha de protesta contra la fábrica desde 2005, cuando el anuncio de su instalación originó un prolongado conflicto bilateral que se zanjó finalmente a mediados de 2010 en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El tribunal internacional consideró que la planta no contaminaba, pero ordenó supervisiones periódicas de ambos países.