Nacionales | 28 Abr Promover el cambio
“¿Por qué no ponemos a consideración del pueblo frenteamplista las diversas propuestas de cambio en los estatutos y en la estructura del FA?”, se preguntó el vicepresidente Danilo Astori en una columna de opinión. La idea era proponer la realización de un plebiscito para definir cambios en el Frente Amplio. “Si le damos el poder al pueblo frenteamplista de elegir al presidente o a la presidenta del FA y a la integración de los diversos órganos de conducción del Frente... entonces discutamos esos cambios, busquemos acuerdos y consensos”, expresó, según El País Digital.
Además, insistió en la necesidad de democratizar al partido desde adentro por medio del llamado a consulta. “Si en tantas ocasiones los frenteamplistas recurrimos a los ciudadanos a través de plebiscitos y referéndum para que opinaran y decidieran sobre temas complejos y muy importantes, ¿por qué motivo no debemos utilizar el mismo camino para cambiar y avanzar en el propio Frente Amplio?”
Todos culpables
Las repercusiones del motín en el Comcar están lejos de acabarse. Es más, los enfrentamientos dejaron de ser entre policías y reclusos, para centrarse entre miembros de la fuerza política. En este sentido, el diputado del Partido Nacional, José Carlos Cardoso, dijo a Montevideo Portal que va a proponer una interpelación al director nacional de Cárceles, Eduardo Pereyra Cuadra, si no identifica a los “actores políticos” que intervinieron en los motines carcelarios. “Me sorprenden muchos sus declaraciones y es una acotación que no se puede dejar colgada en el aire. No se puede decir que el sistema político tiene algo que ver con un motín que pudo haber provocado muertos. Debe decir quiénes son y hacer públicas las pruebas. Si no revela hoy los nombres vamos a interpelarlo”, expresó.
Por su parte, Pereyra Cuadra, aseguró que dos narcotraficantes que dominan la venta de drogas en la ciudad organizaron el motín en el Comcar y le pagaron a los reclusos por la revuelta. A su vez, dijo que los familiares del narco que controla la venta de pasta base en el Oeste de Montevideo ofrecían “entre U$S 500 y U$S 1.000 para que alguien no identificado con él, desde afuera de la cárcel, le pegara un ‘culatazo’ a un milico”, publicó El Observador.
Además, en entrevista con La República, opinó que también hubo incidencia de actores políticos. “Detrás de estos motines hay actores políticos y yo tengo sus números telefónicos”, dijo a La República. Como salido de una película de espionaje, expresó: “Acá le están haciendo la guerra al gobierno y esas cosas me molestan muchísimo (…) ¿Hasta cuándo le van a seguir mintiendo al presidente de la República y al Ministerio del Interior? Hay cosas que no se pueden ocultar”. Al respecto, aseguró que tiene pruebas.
De boca abierta
Desde su lugar, el diputado del Partido Colorado, Aníbal Gloodtdofsky, quedó de boca abierta con las declaraciones de Pereyra Cuadra, según dijo a Montevideo Portal.“En primer lugar si así fuera debería hacer público esos nombres. ¿Con qué fines políticos se puede armar esto? En el tema de los narcotraficantes, no tengo la certeza que así sea. Sí coincido con él de una actitud de gran irracionalidad por parte de algunos familiares que se les dice que no hay muertos e inmediatamente saltan diciendo ´tres muertos´. Fue una instancia rara. Entiendo que hay padres, hermanos e hijos, pero había una actitud extraña e irracional. Pereyra Cuadra dice que hay que estar adentro para saber lo que pasa en el penal. No sé cuánto sabe él, porque si no podríamos haber evitado todo este lío”, dijo Gloodtdofsky.
El diputado colorado expresó que hay algo que no cierra: “está faltado un elemento. Normalmente cuando pasan estas cosas la gente pone su cargo a disposición. Acá, por lo menos no me enteré, que el director del Instituto de Rehabilitación, Alcides Caballero, ni el propio Pereyra Cuadra, hayan puesto su cargo a disposición. En definitiva, creo que lo que tenemos que hacer es que las cárceles salgan de la órbita del ministerio del Interior de una vez por todas. (…). La Policía no puede prevenir un delito, reprimir el delito y además rehabilitar al delincuente”.
¿Desconocimiento u olvido?
En un comunicado titulado “El senador Bordaberry está mal informado”, el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) acusó al senador Pedro Bordaberry de, entre otras cosas, estar “mal informado” por asegurar que la junta de 367.493 firmas para bajar la edad de imputabilidad es un hecho que “nunca había pasado en la historia del país”, publicó 180.com.uy.
“La Mesa Ejecutiva de Sutel se siente en la obligación de informarle al Dr. Bordaberry, que no conoce o se olvida de varias instancias impulsadas por el movimiento sindical y protagonizadas por nuestro pueblo”, dice el comunicado respecto a esas declaraciones de Bordaberry. Se refiere a “la recolección de 701.593 firmas realizada en diez meses (19 de abril 2001 a 19 de febrero 2002) en la defensa de Antel por la Comisión de Defensa del Patrimonio de múltiple integración”.