Opinion | 05 May En las últimas horas el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) ha lanzado una campaña informativa que apunta a interiorizar a la población sobre la oferta de un nuevo instrumento de acceso a la vivienda para familias de menores recursos, en este caso a través del Programa de Autoconstrucción Asistida, una modalidad que ya se está aplicando en Paysandú, por cierto, entre otras opciones.
En este caso la secretaría de Estado que encabeza la arquitecta Graciela Muslera se ha lanzado de lleno a promover una opción que funciona desde el año pasado en forma experimental en algunos departamentos, incluido el nuestro, y que ahora se extiende a todo el país.
Este programa se orienta a que se pueda aplicar la autoconstrucción en predios privados, desde que hasta ahora se estaba llevando adelante la iniciativa en terrenos públicos de que disponen los organismos del Estado, como las intendencias, y precisamente en Paysandú ya se efectuó el sorteo y se está en la etapa de instrumentación de las obras para brindar por esta vía la solución habitacional a 63 familias.
La idea es que tengan una oportunidad quienes ya posean un terreno (que sea de su propiedad o de un familiar directo, como abuelo, padre, hermano) para la construcción total de una vivienda o la terminación de una obra pendiente, en tanto también se permite que dentro del predio tenga otra vivienda ya construida. En caso de construcción de vivienda nueva se pedirán los planos económicos de las intendencias.
Este programa no exige un mínimo de ingresos, pero sí la participación del destinatario en horas de construcción de su vivienda. Estas horas se determinan en función de las capacidades y posibilidades de la persona que se inscribe junto al equipo técnico que acompaña al beneficiario durante todo el proceso.
Además prevé que la persona pueda contar con ayuda de familiares, amigos, vecinos u organizaciones sociales que operen en la localidad.
Según expresó a La República la ministra Muslera, “con nuestra política de subsidio estamos impulsando programas donde la calidad habitacional no se rebaja y se exige en contrapartida el compromiso de la familia de construcción de la vivienda”.
Otro aspecto positivo de la propuesta refiere a que puede servir de aliciente para la regularización de terrenos, como una forma de poder acceder a este préstamo. Debe tenerse presente que en la experiencia piloto realizada el año pasado hubo más de cien préstamos aprobados, con inicio de obras, y este año con la ampliación del programa a todo el país se habilita para localidades de más de cinco mil habitantes y para familias con ingresos no superiores a los 34.000 pesos.
Como en todos estos programas, la entrega de partidas se hace contra la constatación del avance de obras, lo que asegura que efectivamente el dinero se utilice para el fin que se promueve, es decir motivar a que el propio interesado participe en el logro de la solución habitacional.
Es cierto, una cosa es la diversidad de ofertas de mecanismos que se habiliten y otra la capacidad de respuesta del ministerio, es decir a través de los recursos y gestión técnica y administrativa, para que puedan efectivamente satisfacerse las demandas que se promuevan, desde que hasta ahora los programas de soluciones habitacionales –por ejemplo los préstamos que se entregan a las cooperativas-- están cuotificados en sorteos que se desarrollan semestralmente en base a la disponibilidad de los recursos presupuestales.
Este es hasta ahora el “talón de Aquiles” del Ministerio de Vivienda, que en el caso de Paysandú está llevando adelante una tarea muy significativa por convenio con la Intendencia Departamental, al punto que están en vigencia varios programas de rehabilitación urbana y suburbana, para recuperación de viviendas y ampliación, además de la autoconstrucción.
Naturalmente, los reparos más fundados a estos programas radican en la limitación de los recursos, es decir que el dinero que se vuelca por el ministerio solo habilita determinado número de soluciones que no permiten por ahora una recuperación masiva de viviendas y reinserción de unidades habitacionales.
Y cuando estamos en medio de una bonanza económica, con fuerte recaudación del Estado, es un momento inmejorable para canalizar recursos que efectivamente signifiquen una acción revulsiva en materia de acceso a la vivienda propia por familias de menores recursos, y este es precisamente el aspecto en el que debería insistir el gobierno, ante un déficit habitacional que se estima de entre 60.000 y 100.000 viviendas en todo el país.