Orduna también preside la CARP

Locales | 05 May El presidente de la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Hernán Orduna, fue procesado junto a otros cuatro funcionarios de alta jerarquía de la Cancillería argentina al ser considerados coautores del delito de fraude a la administración pública y violación de los deberes de funcionario. El juez entendió que los funcionarios realizaron una maniobra tendiente a “simular” una licitación pública.
Según informó La Nación, el procesamiento fue efectuado por el juez federal Ariel Lijo en la causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de equipamientos para la XX Cumbre Iberoamericana, realizada en diciembre de 2010 en Mar del Plata.
Orduna ocupó hasta hace poco tiempo la Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional de la Cancillería, cargo que dejó al asumir la presidencia de la CARP. Junto a él fueron procesados el titular de la Dirección de Compras de la Cancillería del vecino país, Javier Jaureguiberri, la directora General de Administración de esa cartera, Cecilia Bruno, y la ex titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, María Mercedes Buratovich y Carlos López Varela, de la Comisión Evaluadora.
Según el diario argentino, fuentes judiciales explicaron que la decisión de procesar a cinco funcionarios de la Cancillería “no quiere decir que la investigación tenga que seguir para arriba”. Es decir que el canciller Héctor Timerman quedaría alejado de este escándalo, a menos que alguno de los procesados lo incrimine en el caso en el futuro.
Hernán Orduna es un operador político del peronismo K que jugó su papel durante el conflicto de Botnia y ha sido una figura clave en los obstáculos de Argentina en la realización del dragado del Río Uruguay. Preside la delegación argentina en la CARU desde enero de este año --a pesar que el año pasado fue citado en una causa criminal por pago de sobreprecios desde su cargo de la Cooperación Internacional de la Cancillería-- la presidenta Cristina Fernández lo designó para liderar también la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río de la Plata y le dio la responsabilidad de liderar la delegación argentina ante la comisión Mixta del Frente Marítimo.
La maniobra
La causa se inició el 28 de diciembre de 2010 y, según consta en el dictamen judicial, esa licitación “fue obtenida por la firma Punto Baires, y en el proceso de adjudicación se habrían advertido ciertas irregularidades, como vinculaciones entre las diversas oferentes para favorecer a la adjudicaturía y el pago de sobreprecios por los insumos usados en la Cumbre”. En este sentido, se habría llegado a pagar por el alquiler de cada notebook la suma de 6.500 pesos argentinos (unos 1.400 dólares), mientras que el valor del mercado para su compra se estimaba en 2.500 pesos argentinos (570 dólares). El valor total de la licitación fue cercano a los $ 7 millones de pesos argentinos.
El juez Lijo también resolvió a la vez el procesamiento de Diego de Elías, de la empresa Punto Baires, y de Carlos Fabián González y Edgardo Pelliza, de la empresa AVR, a quienes se los acusó por considerarlos coautores del delito de fraude en perjuicio de la administración pública. La Justicia dictó la falta de mérito para Juan Carlos Valle Raleigh, titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, y se resolvió el sobreseimiento de Víctor Hugo Cipolla, también de la Cancillería, y Esteban de Elías, de AVR.