Opinion | 16 May Año a año, en cualquier estación, se manifiesta en toda su crudeza el déficit de potencia de UTE para atender la demanda eléctrica del país, cuyo consumo ha crecido más que la reserva de generación del organismo.
La demanda no solo creció significativamente porque anteriormente se alentara y se financiara la compra de electrodomésticos en procura de fomentar el consumo eléctrico –que es el “producto” que vende UTE--, pero ello da la pauta de lo errático de las políticas energéticas que se han desarrollado en el país. Desde entonces también quedó por el camino el proyecto de la central térmica de Casa Blanca, apoyada en el suministro de gas natural desde la Argentina a través del gasoducto subfluvial por el que no ha pasado gas ni para llenar un encendedor desde su inauguración hace una década, no solo para el consumo interno sino tampoco para alimentar una megacentral por la que se apuntaba a venderle electricidad a Brasil. La realidad ha dado un golpe mortal a estos proyectos y las buenas intenciones que los guiaban, porque no ha habido una política de Estado en esta materia, porque además la Argentina nunca es un socio confiable, y porque cada gobierno ha traído sus propias ideas en materia de política energética.
Con el paso de los años se ha ingresado empero en una auspiciosa línea de reconversión que promueve la incorporación de un respaldo energético basado en proyectos de energías renovables, fundamentalmente por aerogeneradores y generadores en base a biomasa, pero este paso se está dando en forma muy lenta, y ello explica que los uruguayos sigamos afrontando las mismas vicisitudes tan pronto merma el agua en los embalses, porque UTE debe apelar a la importación desde los países vecinos y la generación térmica por petróleo, a cual de las dos más cara, por cierto.
Recientemente el ente energético ha anunciado un plan de ahorro por el cual los consumidores que reduzcan el consumo en mayo, junio y julio se harán acreedores a descuentos en sus facturas a fines de año en la misma cantidad de kilovatios ahorrados en este período, e incluso se maneja la posibilidad de instrumentar un plan compulsivo en el Estado, a lo que se agrega el cierre de oficinas estatales desde las 18.
Es cierto que siempre hay un margen posible de ahorro, pero seguramente la mayoría de la población y las propias empresas ya implementan durante todo el año sus propios programas de ahorro ante el alto costo de las tarifas de UTE, por lo que ya es muy difícil reducir la demanda sin sacrificar parte importante del confort y necesidades de cada hogar o empresa.
El punto además radica en que los procedimientos y procesos que se han adoptado para promover la incorporación de energéticos renovables distan de la agilidad y efectividad que se requiere para lograr un respaldo significativo en un lapso razonable, y es así que generadores privados estiman que la vulnerabilidad energética de Uruguay se extenderá más allá de 2014 si la ejecución de los grandes proyectos públicos y privados para elevar el respaldo se aplaza por más tiempo del programado, según consigna El Observador.
Los privados estiman que es difícil que el país pueda alcanzar su soberanía energética antes de ese plazo porque la burocracia está demorando la concreción de varias iniciativas, en tanto el director de UTE Gerardo Rey argumentó que “todos” los proyectos eólicos que firmaron contratos solicitaron prórrogas para su puesta en marcha, pese a que el Ejecutivo ofreció un sobreprecio a los proyectos de aerogeneradores que pongan en marcha sus parques antes del 31 de diciembre de 2015.
El Ing. Miguel Fraschini, presidente de la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica (Augpee), advirtió como debilidad la demora en las etapas que debe enfrentar un proyecto para su puesta en marcha, como los plazos de las licitaciones, los permisos medioambientales y la firma de los contratos con UTE, y evaluó que ante este escenario las penurias se van a extender más allá de 2014.
Lo que no es de dudar, teniendo en cuenta como se maneja la burocracia estatal, que en realidad es un alerta amarilla respecto a la suerte de futuras inversiones en el sector, que han llegado en forma auspiciosa en los últimos años pero se ven muchas veces trancadas por las exigencias y demoras en los trámites. A ello se agregan precios topeados en el megavatio-hora, lo que es un factor disuasivo, mientras al mismo tiempo se paga tres o cuatro veces más por la energía que se importa desde Brasil y Argentina y la propia generación térmica, como ocurre actualmente. Son puntos que se deberían rever para alcanzar el respaldo imprescindible en el menor tiempo posible.