Nacionales | 18 May Pocas horas después de que Baráibar admitiera que la Cancillería y el gobierno sabían del intento de coima a un diplomático uruguayo para favorecer a la empresa Riovía --que pugna junto a otras cuatro compañías en la licitación para el dragado del canal Martín García--, el vicecanciller Roberto Conde manifestó que también sabían del supuesto “arreglo” entre los funcionarios argentinos de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) para favorecer a la empresa de capitales holandeses en la adjudicación para el mantenimiento del canal. Fue la primera vez que alguien del gobierno admitió ese “arreglo”, que El Observador sacó a luz el pasado 28 de abril.
“En realidad hay una transmisión oral a un funcionario de la CARP que dice haber recibido una versión, de una persona externa, sobre presuntos arreglos. Eso cuando la delegación uruguaya lo recibió, lo dejó registrado en actas, para que no quepa ninguna duda. Si ahora alguien considera que detrás de ello hay una materia investigable, se investigará”, expresó Conde a Radio Uruguay según la página web de El Observador.
“Los detalles exactos habría que conversarlos con el embajador Bustillo, pero él ha transmitido que esa conversación, en el tono que fue publicado por Caras y Caretas, no existió con el embajador García Moritán. Ahora, los detalles de cómo fue el encuentro, que sí existió pero fue por otras razones, se pueden afinar con el propio embajador Bustillo”, añadió.
Por otra parte, Conde corrigió a Baráibar, que se había manifestado dos horas antes en la misma emisora: “Objetivamente hay una referencia en las actas de la CARP a una versión, que es a la que se refería Julio Baráibar, y que no es de hace dos años, es del año pasado”. “Hay una versión de un funcionario argentino, de que las empresas habrían logrado algún tipo de influencia para obtener este precio, y se dejó constancia en las actas. Bueno, que se haga un análisis o una eventual investigación de este hecho, que es la única referencia objetiva de un hecho dudoso, pero que no estaba referido a la licitación, sino al acuerdo de precios de este período de transición”, señaló.
Sin embargo, el vicecanciller relativizó las acusaciones al cuestionar: “¿Alguien sabe si efectivamente es una decisión de la empresa o es de una persona, personal, que está buscando un lucro personal o tratando de enturbiar un clima porque está haciendo un mandado? Nadie lo sabe”. “Yo creo que no hay sustancia para generar ningún tipo de investigación y eso va a quedar rápidamente demostrado. (…) Si ahora alguien entiende que detrás de eso hay una materia investigable, se investigará. El tema es que vayamos rápidamente a la evacuación de este asunto”, dijo Conde.