Opinion | 20 May De acuerdo a los últimos resultados divulgados por la encuestadora Cifra, que dirige el sociólogo Luis Eduardo González, dos de cada tres uruguayos (el 65 por ciento) piensan que el principal problema del país hoy es la inseguridad, en tanto ya el 54 por ciento es partidario de bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, con la expectativa de que los menores autores de delitos graves purguen penas más largas privados de libertad.
No es un dato menor, si se tiene en cuenta que en 2007 solo el 13 por ciento de los encuestados sostenía que el principal problema era la inseguridad, desde que la mayoría de la población ponía en primer lugar de sus preocupaciones la falta de empleo. Sin embargo dos años después, la inseguridad ya era el primer tema mencionado a los encuestadores. Así se ha mantenido hasta hoy, y por márgenes crecientes, lo que denota que el ciudadano percibe que cada día es más inseguro circular por las calles e incluso se siente vulnerable dentro de su propio hogar.
De acuerdo a la encuestadora, ya en el primer año de asunción del presidente José Mujica la inseguridad era considerada el primer problema por los uruguayos, pero solo por cuatro de cada diez ciudadanos, es decir por un margen del cuarenta por ciento, lo que pone de relieve que la percepción popular mantiene la evolución pautada desde 2007, producto de los hechos que se suceden día a día y que a esta altura no pueden ser disimulados por nadie.
Los guarismos del 65 por ciento se dan precisamente en el período anterior del infame asesinato de un trabajador de una pizzería capitalina por un menor de 17 años que asaltó con un compinche el comercio, lo que revela que no se trata de una explicable reacción popular ante un hecho puntual, sino producto de un escenario sostenido que lejos de una reversión, se va acentuando día a día.
Ahora, si el diagnóstico --para el que no se necesitaría ninguna encuesta--, es que la inseguridad es el principal problema que enfrenta el país, la interrogante inmediata que surge es cuál es la reacción del gobierno para asumir la gravedad del problema y sobre todo las consecuentes respuestas para combatir la ola de delincuencia.
Felizmente a esta altura estamos muy lejos de la “solución” del ex ministro del Interior José Díaz, cuando priorizó aprobar la Ley de Humanización Carcelaria, que determinó que en poco tiempo salieran a la calle antes de cumplir la pena unos ochocientos delincuentes, pero todavía hay fuerte resistencia en sectores que integran la fuerza de gobierno a reconocer que se debe prevenir y también reprimir, y se limitan a señalar, como si a esta altura todavía algún despistado pudiera creerles, que todo el problema es originado por las políticas “neoliberales” de la década de 1990 y que por lo tanto debe insistirse con políticas sociales para ver qué pasa.
Pero lo que la gente precisa son respuestas válidas ahora, antes que excusas para tratar de explicar por qué no se hace lo que se debe en materia de prevención del delito y de represión, y no solo a partir de una acción más efectiva de la Policía, sino también del Poder Judicial y de decisiones políticas que siguen postergándose como si hubiera todo el tiempo del mundo.
No puede extrañar entonces que como una consecuencia directa de este escenario una sólida mayoría de ciudadanos, por encima de partidos políticos, haya declarado a las encuestadoras que habrá de votar a favor del plebiscito que propone por norma constitucional fijar en 16 años la edad de imputabilidad, en lugar de los 18 como ahora, cuando una ley de estas características puede hacer lo mismo, con la propia mayoría parlamentaria del gobierno, sin necesidad de pasar por la instancia de plebiscito constitucional.
Por ahora no existe voluntad política para hacerlo, lamentablemente, y aunque se asuma que no habrá de ser la panacea ni mucho menos, la realidad indica que los jóvenes de 16, 17 y 18 años de la actualidad hace rato dejaron de ser los niños inocentes y manipulables que el sistema judicial y muchos políticos –en su mayoría oficialistas--, sostienen.
Y aunque el país ha dedicado montañas de dinero a rehabilitar a delincuentes consumados, se los ha juzgado con benevolencia para darles una señal de tolerancia y se han hecho campañas para que la ciudadanía los acepte sin estigmas, nada de eso ha dado señales auspiciosas en la reducción de reincidentes o en evitar el aumento de los delitos.
La solución contra la delincuencia, contra la violencia instalada, contra la intolerancia, ante la minoridad infractora impune no surtirá efecto de un día para otro, cualesquiera sean las medidas. Pero quedó claro que la peor señal que el gobierno puede dar es seguir anteponiendo los derechos de los delincuentes (que no dejan de serlo por haber pasado unos meses por la cárcel o alojados en el INAU) por sobre los del ciudadano.
La sociedad merece respuestas urgentes de quienes han sido ungidos por el voto popular para evaluar, decidir y actuar, y hasta ahora, las encuestas reflejan con toda claridad que el ciudadano percibe que el gobierno está en otra cosa.