Opinion | 27 May Uruguay cuenta con unas 752.158 hectáreas de bosque nativo, que se encuentra protegido por la Ley 15.939 que establece la prohibición de su tala, a excepción de los casos en que el producto de la explotación sea para consumo interno del establecimiento o cuando se cuente con un plan de explotación y manejo del monte nativo aprobado por la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
De acuerdo a un reciente informe de dicha dirección, contraposición a lo que sucede en la mayoría de países de América Latina, Uruguay es uno de los pocos que no sólo no padece la deforestación sino que registra un aumento del área de bosque nativo.
Según el director general forestal Pedro Soust, el logro se debe a la preservación del monte nativo y la política de incentivo desarrolladas desde el gobierno para el aumento de la masa forestal, dos objetivos comprendidos en la Ley número 15.939, conocida como Ley Forestal, aprobada en 1987.
En este sentido, cabe señalar que de las 752.158 hectáreas de superficie de bosque nativo existente en el país, 500.000 están registradas ante la Dirección General Forestal y esto se debe a que los productores que se registren --hay unas 3.650 carpetas-- quedan exonerados de pagar ciertos tributos.
No todo es color de rosa porque en no pocas ocasiones se atenta contra el monte nativo, incurriendo en talas ilegales y dañinas que generalmente pasan desapercibidas por la población y, eventualmente, las autoridades.
El prender fuego montes después de una tala para “ganar campo” o, el caso más común del corte y del monte para la extracción y venta de leña, son causas directas de deforestación y de pérdida del patrimonio vegetal del país, sin contar la modificación de ecosistemas y desaparición de especies tanto vegetales como animales asociadas a los mismos.
No obstante, la fiscalización y aplicación de importantes sanciones económicas para los infractores, así como las políticas de incentivo antes referidas están dando resultados concretos. En este sentido, cabe preguntarse si sería posible instrumentar similares medidas a otras áreas, como instrumento de protección ambiental.