Locales | 29 May Convocado desde la sociedad civil, quedó instalado en Paysandú un ámbito de diálogo y trabajo sobre temas referidos al medio ambiente --y, en especial, el impacto de los agroquímicos-- que volverá a reunirse en plazo de unos dos meses para considerar gestiones comprometidas y eventuales avances, a la vez de incorporar nuevos actores sociales como la Intendencia y la Universidad de la República, a las que se invitará especialmente.
En una reunión realizada en la Sala de Actos de EL TELEGRAFO, la coordinadora para Uruguay de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal), María Isabel Cárcamo, hizo una exposición sobre la necesidad de contar con mecanismos eficientes para la protección del agua y evitar su contaminación; en tanto una delegación de cuatro vecinos de Guichón planteó los problemas y preocupaciones existentes en dicha ciudad y alrededores, referidos a la contaminación por agroquímicos. Finalmente, Valkiria González, una vecina de la zona de Autobalsa, presentó un impactante testimonio sobre cómo las fumigaciones realizadas en una plantación existente frente a su casa han afectado gravemente su salud.
El encuentro contó con la presencia de los tres diputados por el departamento, quienes asumieron compromisos específicos respecto a estos temas, ediles de todos los partidos representados en la Junta Departamental, la fiscal Silvia Blanc, integrantes del grupo ambientalista Paysandú Nuestro, así como particulares interesados en el tema.
“Uruguay fue el primer país del mundo en declarar en su Constitución que el agua es un derecho humano fundamental, mediante la reforma del artículo 47 con el plebiscito de octubre de 2004”, dijo Cárcamo, quien llamó la atención respecto a que “el problema de la contaminación del agua en nuestro país, así como en otros de la región, se agrava cada vez más debido, entre otros, a la expansión agrícola y forestal”.
“Esta expansión se ha dado en un esquema de agronegocios que implica la gran extensión de monocultivos destinados a la exportación y el uso masivo de agrotóxicos y fertilizantes químicos reconocidos mundialmente por su impacto en el agua”, dijo. Agregó que “el uso masivo de fertilizantes provoca la eutrofización de los cursos de agua, tratándose de un proceso que es el resultado de un aumento de los niveles de nutrientes presentes en el agua, generalmente provenientes del fósforo y nitrógeno utilizados como fertilizantes agrícolas”.
Explicó que la eutrofización produce un crecimiento excesivo de algas y otras plantas acuáticas que, al morir, depositan en el fondo de los ríos, embalses y lagos, generando residuos orgánicos que, al descomponerse consumen gran parte del oxígeno disuelto y de esta manera pueden afectar la vida acuática y la calidad del agua.
Expresó su preocupación respecto a la falta de reglamentación que establezca restricciones de distancia para la fumigación en zonas donde existen Unidades Potablizadoras de Agua (UPA).
“Desde hace tiempo existe una normativa para el control de agrotóxicos en el agua, sin embargo se desconoce si se está implementando, cómo se realiza ni cuáles son los resultados”, dijo.
“Las UPA tienen superficie abierta y el agua que está en proceso de potabilización queda al descubierto y, por lo tanto, expuesta a ser contaminada por los residuos de las eventuales fumigaciones aéreas que se realicen en las cercanías. No existe normativa alguna que prohíba las fumigaciones en la cercanías de las UPA”, destacó.
Vecinos de Guichón
Esta última preocupación es compartida especialmente por vecinos de Guichón, ya que existen plantíos de soja a escasos metros de las potabilizadoras de agua de Guichón y Termas de Almirón, así como del arroyo Guayabo, que es la fuente de la cual se alimentan ambas usinas.
Marcelo Fagúndez, Carlos Santos, Angel Borges y Marcelo Fender foman parte de un grupo de vecinos de Guichón movilizados por este tema, que recientemente fueron recibidos en la Cámara de Medio Ambiente del Senado, por el director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente y esperan poder hacerlo en los próximos días con el Directorio de OSE.
“Somos un movimiento social, un grupo no político de aproximadamente 30 vecinos activos, pero hay mucha más gente sensibilizada y concientizada sobre este problema. Lo que pedimos son análisis profundos sobre la presencia de agroquímicos en el agua. Venimos luchando por esto desde hace tiempo y el gobierno departamental y el Municipio de Guichón han estado ausentes. Después de un año de instalada una comisión Ambiental en Guichón no hemos tenido respuesta ni instancia de diálogo alguna, cuando lo que ha pasado y está pasando en Guichón no es poca cosa”, dijeron.
“Nos preocupa la lentitud de las autoridades en tomar cartas en el asunto, fundamentalmente porque se trata de temas de salud y porque la Intendencia debería ser la policía sanitaria del departamento. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde debemos llevar el reclamo?”, se preguntaron.
“Igualmente nos hemos movilizado y aportado denuncias con documentos como fotografías o video ante la Dinama, la Dirección General de Servicios Agrícolas y la Dirección de Suelos del MGAP, que han actuado pero los problemas subsisten y, por ejemplo, ahora están fumigando de noche”, añadieron los vecinos que pidieron apoyo a los diputados Miguel Otegui (Partido Nacional), Walter Verri (Partido Colorado) y Gustavo Rombys (Frente Amplio), aunque les pidieron que trataran “con delicadeza el tema en el ámbito político”.
PROPUESTAS DE TRABAJO
Los organizadores del encuentro formularon algunas propuestas concretas para mejorar la situación, las cuales fueron compartidas por los presentes y generaron compromisos específicos de gestiones por los legisladores presentes.
Dichas propuestas apuntan a prohibir las fumigaciones terrestres y aéreas en las cercanías de las Unidades Potabilizadoras de Agua (UPA); realizar análisis de agrotóxicos en el agua potable periódicamente y darlos a conocer a la ciudadanía y un severo y efectivo control para que el lavado de las máquinas fumigadoras no se realice en las fuentes de agua ni el descarte de envases en las cercanías de las mismas, estableciendo fuertes sanciones a los responsables de dichas prácticas.
La coordinadora de Rapal recordó que “en la actualidad están prohibidas las fumigaciones aéreas a menos de 30 metros de las corrientes naturales o fuentes superficiales de agua, y las aplicaciones terrestres a menos de 10 metros de las mismas”.
“Esas distancias son sencillamente ridículas y deben ser ampliadas de forma inmediata”, sostuvo Cárcamo.